Y a pesar de que esas elecciones no se llevarán a cabo sino hasta en marzo del año 2014, lo cierto es que desde hace algún tiempo ya tenemos partidos políticos que se encuentran en campaña y que han lanzado a la palestra pública sus candidatos presidenciales.

Las justificaciones externadas hasta el cansancio por los partidos políticos, intentando explicar el anticipo de sus campañas, así como las excusas esgrimidas por el Tribunal Supremo Electoral para no ejercer sus atribuciones, son un claro reflejo de la imperante cultura de inobservancia a las leyes e irrespeto a la institucionalidad. El art. 81 de la Constitución es tajante al señalar que la propaganda electoral solo se permitirá cuatro meses antes de la fecha establecida para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, por lo que no existe ningún argumento serio con el cual pueda defenderse la actividad propagandística que ya están desarrollando los partidos. Los líderes políticos y las autoridades de turno quizá no se dan cuenta del peligroso mensaje que con tales actuaciones se manda al “ciudadano de a pie”, quien observa con asombro que si no se cumplen las leyes, no pasa nada.

Pero el problema no termina ahí. Estamos viendo que funcionarios que resultaron electos a cargos públicos para un determinado período prefieren ocuparse de sus respectivas campañas, desatendiendo las responsabilidades que la ciudadanía les ha encomendado. Al rendir su protesta, estos funcionarios juraron el cumplimiento exacto de los deberes que su cargo les impone, por lo que faltan a ese juramento dedicándose casi de lleno a labores proselitistas.

No está bien que a estas alturas el jefe edilicio de nuestra capital, en lugar de atender los múltiples problemas que tiene el municipio de San Salvador, esté dedicando cantidad importante de su tiempo a definir su estrategia de campaña y sus propuestas de un eventual gobierno. Tampoco está bien que el vicepresidente de la República y otrora ministro de Educación haya preferido dejar de lado sus labores ministeriales y en lugar de estar colaborando con la Presidencia de la República, esté ahora afanado en posicionar su candidatura entre la ciudadanía. Es pobre el argumento por el cual se sostiene que tales actividades se hacen en días y horas “fuera de oficina”; los cargos de elección popular no son para que se ejerzan solo en ciertas horas y en algunos días.

No negamos que los funcionarios públicos, como cualquier otro ciudadano, tienen el derecho a optar a cargos de elección popular; eso no puede ser criticado. Lo que nos parece que está muy mal y debe evitarse en el futuro es la asunción de compromisos que rápidamente son abandonados o vistos de menos, porque se prefiere optar por cargos de mayor jerarquía. En el fondo eso implica ignorar la voluntad popular que les colocó en determinados puestos para que ejercieran determinadas funciones.

Por lo demás, el inicio anticipado de las campañas políticas implica asumir desde hoy hasta las elecciones un elevadísimo costo económico que en nuestras actuales circunstancias es un verdadero lujo. Vivimos tiempos de crisis por lo que el llamado al uso eficiente de los limitados recursos no solo concierne a los Órganos del Estado; los partidos políticos y sus respectivos contribuyentes también deben reducir sus gastos.

Nadie agradece que se haya decidido comenzar con la campaña presidencial, pero siendo una realidad innegable, nos queda pedirles a los candidatos ya conocidos que no desatiendan las ocupaciones que les hemos encargado y que sean mesurados en sus actividades proselitistas.