OPINIÓN (Desde allá) Estados Unidos

Mundos enlazados

*Periodista salvadoreña radicada en San Francisco, California

La frágil institucionalidad de Centroamérica queda clara una vez más con la crisis de institucionalidad que vive de nuevo Honduras.

La destitución de cuatro magistrados luego de fallar en contra de una ley promovida por el Ejecutivo para depurar a la Policía Nacional lo demuestra. La democracia en los países latinoamericanos pende de un hilo.

La separación e independencia de los poderes es fundamental en las Constituciones y es esencial para la democracia; sin embargo, si vemos el ejemplo de Honduras es evidente que esta ha sido una de las principales fallas de los más graves problemas que ha vivido la región en los últimos años.

El Congreso Nacional de Honduras votó por remover a cuatro magistrados luego de que estos fallaran en contra de la depuración policial. Los legisladores alegaron que se les destituyó por haber emitido fallo sobre un decreto sin vigencia.

De acuerdo con diversos sectores y analistas, los legisladores no tienen la capacidad de destituir a magistrados salvo en casos administrativos.

Los jueces no pueden ser removidos de sus cargos por los fallos que hacen, así como los diputados no pueden ser sancionados por los votos que emiten. Esto es fundamental para que la democracia camine en cualquier país del mundo. Los tres órganos de Estado deben de tomar sus decisiones apegadas a la ley y nada más en eso, no deben de estar sujetos a otros mandatos más que la Constitución y las leyes de la República.

En el caso de Honduras, no es primera vez que los órganos de Estado chocan y la decisión es de sustituir a quien o quienes han tomado una decisión que no sienta bien con algunos sectores.

En 2009, un grupo de militares derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya y lo mandaron exiliado a Costa Rica.

En ese momento Zelaya pretendía realizar un referéndum popular para reformar la Constitución de la República y donde se especuló que él buscaría aprobar su reelección. La Corte Suprema de Justicia en ese caso falló que el referéndum era ilegal y esa resolución fue acuerpada por el Órgano Legislativo; pese a esa oposición, Zelaya continuó con su referéndum.

Ahora son los magistrados los que han sido removidos de su cargo. Y ellos, al igual que Zelaya, tampoco han sido escuchados. Una vez más, se optó por no recurrir al diálogo, por no buscar una solución al conflicto, por no buscar apoyo internacional. De nuevo la respuesta fue irrespetar leyes.

¿Qué pasa en nuestros países que esa independencia de los órganos del Estado y esa libertad por la cual tanto se ha peleado ahora están de nuevo en peligro?

Honduras no es un caso aislado en el resto de Centroamérica, también ha habido más muestras que la institucionalidad está en peligro. No tenemos que ir muy lejos para ver lo frágil de esta situación.

El año pasado, en El Salvador se creó una comisión especial para investigar a los magistrados de la Corte Suprema luego de que la Sala de lo Constitucional declarara ilegal dos elecciones que hizo la Asamblea Legislativa para elegir a magistrados de la Corte Suprema.

En Nicaragua, tanto el Ejecutivo como el Órgano Judicial están controlados por el partido en el poder. En ese país, la Corte Supremo avaló que Daniel Ortega buscara su reelección.

Las Constituciones y las leyes dicen cómo dirimir los choques entre los órganos, y hay instancias extranjeras donde acudir cuando estos conflictos internos no se pueden resolver, pero lo que no se puede permitir es que el órgano que no esté de acuerdo con el otro simplemente lo elimine.