En el contexto real hay que aclarar que no son 1.5 millones de derechohabientes quienes aportan monetariamente al Seguro Social. Quienes aportan al ISSS son los trabajadores cotizantes activos, es decir, casi 744,000 ciudadanos, tal como lo indica el último informe de coyuntura de la institución.

Por otro lado, el aporte del 10.5% no le compete solamente al trabajador. La Ley del Seguro Social en su artículo 29 señala: “Para el régimen general de salud y riesgos profesionales, el patrono aportará siete punto cincuenta por ciento (7.5%) y el trabajador el tres por ciento (3%)”. El articulista no puede afirmar que el aporte viene tan solo del trabajador y no del patrono.

El Seguro Social se ha convertido en una institución indispensable en nuestra sociedad, no solo porque conlleva una filosofía de protección al trabajador en el ámbito de salud y laboral, sino también porque en el mismo hay tres principios fundamentales que respetar: universalidad, solidaridad y equidad. Estos tres principios descalifican claramente el tema “pre-pago” de afiliados al ISSS que dicho artículo menciona.

Cuando se señala que con un certificado que emitirían las “oficinas de quejas” el derechohabiente podrá acercarse a “prestadores de servicio”, ¡estamos hablando de entes privados! No hay que ser erudito para entender que no existe en este país un hospital privado que no busque ante todo el lucro. Su razón de ser es empresarial, a pesar de que trabajen con la salud del ser humano, con su vida.

En suma, la iniciativa del certificado de salud levanta a un muerto que pensamos haber enterrado en las marchas blancas de finales de los noventa e inicios de la década pasada: el de la privatización del sistema de salud, de la seguridad social y del valor de la vida humana.

Hay sectores que vuelven con la idea del camino a la privatización del Seguro Social, con una aceleración distinta a otras épocas, pero igual de grave y atentatoria contra el beneficio de las mayorías.

Ya en su momento, en el año 2005, se tuvo una iniciativa similar que empeoró la calidad de la atención y hubo descontrol de los fondos destinados a pagar consultas privadas. Esto generó enormes pérdidas a la institución; y lo que es peor, en ningún momento sirvió para mejorar la calidad de la atención.

El ISSS del Gobierno actual ha alcanzado récords históricos de abastecimiento de medicamentos, ha incluido a sectores poblacionales antes desprotegidos, como los trabajadores del sector doméstico. Además, hay sanidad financiera de la institución, luego de décadas de corrupción, desfalcos, clientelismo, etcétera.

Estamos avanzando en convertir al ISSS en la institución líder en prestación de servicios de salud y previsión social, pero la deuda al derechohabiente es grande y no está saldada. Es la transparencia institucional la que define gran parte de nuestra administración, algo que jamás se dirá de administraciones en gobiernos anteriores.