Estamos colmados de problemas muy concretos e identificables hasta la coronilla del aguante nacional, pero el principal es la inoperancia crónica para enfrentarlos como debe ser a fin de ir encontrándoles soluciones que merezcan el nombre de tales y que a la vez sean sostenibles en el tiempo. La tendencia al parche, al remiendo, a la ocurrencia circunstancial, es una constante nacional que hasta la fecha no parece ceder ni siquiera ante los avances verificables de la democratización en marcha. Es como si nos resistiéramos a dejar atrás los vicios del pasado, por una especie de fidelidad torcida a lo que más daño nos hace.

2012 ha concluido, y hay cuestiones fundamentales que vienen rodando sin dar señales de entrar en una fase de tratamiento correspondiente a la evolución actual de nuestro proceso democrático. Una de esas cuestiones es de índole estrictamente política: la reforma electoral ya impostergable, acompañada de una normativa eficaz que regule el desempeño de los partidos políticos. ¿Qué más se está esperando para que eso se dé? En realidad lo que frena el avance en ese campo es la persistencia obsesiva de los partidos políticos en no regularse, o, si la regulación se diera, en hacerlo con los desagües y los portillos que aseguren continuar en las mismas.

En el campo del ordenamiento necesario de las actividades básicas que se dan en el ambiente, el punto del transporte público es crucial desde hace tiempos. Dicho sistema, dicho a secas y sin matices, no funciona. Es una caricatura insostenible, que ha venido deformándose progresivamente. En su última sesión ordinaria del año, la Asamblea Legislativa dio una prueba patente del surrealismo que impera en el tratamiento de este tema. Se confirmó la reducción del subsidio —que siempre ha funcionado de manera perversa—, pero dejando abierta la posibilidad de aumento si hay disponibilidad financiera. Una decisión “gallo-gallina” que mantiene vivo el conflicto.

Otra tarea que queda en vilo al concluir el año es la activación económica. Esto se viene postergando desde hace ya casi dos décadas, luego de que se esfumara el dinamismo que emergió inmediatamente después de concluido el conflicto bélico. Ninguno de los Gobiernos sucesivos ha hecho lo que de base tenía que hacerse en este orden: plantearse el tema como un desafío multicausal y encontrarle en consecuencia las formas de tratamiento que nos permitieran dar el salto de calidad que necesitamos. Aquí no se trata de medidas sueltas, sino de enfoques integrales. El año finaliza y no hay ninguna señal de que se vaya a dar ese giro.

Pese a que déficits como los señalados a modo de muestra son tan obstructores de un auténtico progreso, y por ende tan impeditivos de los avances de significación, el lastre más grave que cargamos es el correspondiente a las actitudes y, en consecuencia, a las visiones sobre la realidad nacional. Nada puede lograrse, en ningún tema ni en ningún sentido, si está ausente la dinámica del consenso, que ya debería haberse convertido en un mecanismo natural entre nosotros, sobre todo después de haber probado su eficacia en la solución política del conflicto bélico. No tenemos ninguna excusa histórica para ignorar esa lección.

Queremos insistir, y la coyuntura cronológica nos da fuerza para ello, en el imperativo de hacer las tareas a tiempo. Lo que se va dejando para después se fermenta y se complica, y los costos del retraso injustificado son cada vez mayores. Tengámoslo presente al iniciar el nuevo año.