Debido a nuestra falta de experiencia y educación en leyes nos es imposible opinar al respecto, pero creo apropiado expresar un cierto sentir ciudadano. El tema de honradez y moralidad notoria se deja como en limbo, no se especifican los parámetros que definen esa condición, es algo subjetivo. Consideramos inapropiado el énfasis en expedientes abiertos, ya que el ciudadano es inocente hasta ser vencido en juicio; este énfasis puede dar lugar a la presentación de demandas frívolas con el único propósito de prevenir a alguien por optar a un cargo público.

El no poder ser militante de un partido político para optar a ciertos cargos públicos no es razonable. Hoy son los partidos políticos, mañana serán las iglesias, los clubes de fútbol, ¿cuál es el límite?

La Constitución me da, como ciudadano, el derecho de asociación lícita, yo puedo y tengo el derecho de pertenecer o no a cualquier gremio, organización, partido, que me dé la santa gana.

Siempre hemos objetado a esa aberración de tener que pertenecer a un partido para ejercer el derecho de optar por un cargo público; así también objetamos la prohibición de pertenecer a un partido para dicho efecto.

Estamos de acuerdo con el efecto de la decisión de la sala, pero no en su enunciación. El concepto a usarse es claro y contundente: conflicto de intereses. “Un conflicto de interés ocurre cuando un individuo u organización tiene intereses múltiples, y uno o varios de los cuales podrían corromper la motivación de un acto por otro. La presencia de un conflicto de interés es independiente de la ejecución de una incorrección. Por lo tanto, un conflicto de interés puede ser descubierto y voluntariamente distendido antes de que ocurra una corrupción. Una definición bastante popular es: Un conflicto de intereses es un conjunto de circunstancias que crean un riesgo que el juicio profesional o acciones sobre un interés primario se verán indebidamente influenciadas por un interés secundario.”

“El interés primario se refiere a los objetivos principales de la profesión o actividad, tales como la protección de clientes, la salud de los pacientes, la integridad de la investigación, los deberes del funcionario público, entre muchos otros. El interés secundario incluye no solo la ganancia financiera, sino también tales motivos como el deseo de adelanto profesional, el deseo de hacer favores para familiares y amigos, beneficio propio o de organizaciones afiliadas.

Los intereses secundarios no son tratados como malos en sí mismos, pero son objetables cuando se cree que tienen mayor peso que los intereses primarios.

El conflicto en un conflicto de intereses existe aun y cuando una persona no esté realmente influenciada por el interés secundario. Este existe si las circunstancias son tales que dan lugar a la razonable creencia, basados en experiencias pasadas y evidencia objetiva, que estas crean un riesgo que decisiones a tomar serán indebidamente influenciadas por estos intereses secundarios.”

Esta es una traducción de un texto en inglés, de varios autores, producto de la investigación de los Keating Five, senadores americanos cuyos conflictos de intereses y corrupción llevaron a la debacle de las instituciones financieras llamadas Savings and Loans, en los años ochenta.

Este concepto debe de ser aplicado a todo funcionario público no solo a algunos. ¡O todos en la cama o todos en el suelo!