Efectivos militares se han apostado en los alrededores del Congreso Nacional de Honduras, en los momentos que se discute una posible destitución contra cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según informó el medio en línea hondureño laprensa.hn.
 
La comisión que investiga la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras se reunió hoy por primera vez y se presta a entregar el informe al Congreso Nacional de Honduras, el cual supondría la destitución de cuatro magistrados, informó el diputado de la Unificación Democrática, Marvin Ponce.
 
El presidente de la comisión, Rigoberto Chang Castillo, planteó esquemas a seguir para la investigación de los magistrados, y la intención es presentar un informe mediante el cual establezcan el mal proceder de al menos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fallar sobre un decreto que ya había sido derogado, de acuerdo a información de diputados, informó el medio hondureño.
 
Mario Pérez, integrante de la comisión, confirmó a laprensa.hn que efectivamente se enviaron oficios al Ministerio Público y a la CSJ, para que informen sobre denuncias contra los magistrados, así como casos que mantengan engavetados.
 
La comisión, además de Chang Castillo y Mario Pérez, está integrada por Tomás Zambrano, Armando Calidonio, Olman Maldonado, Orle Aníbal Solís, Marvin Ponce, y German Leitzelar, pero este último renunció.
 
Leitzelar explicó que se opuso a la moción por considerar que se trata de un fallo judicial, que no tiene nada que ver con la conducta administrativa. Aseguró que la comisión que investigue a los magistrados incurre en responsabilidad civil, administrativa y hasta penal, indicó el medio el línea.
 
El argumento jurídico sería en primera instancia el fallo de la Sala de lo Constitucional contra el decreto que permitía la aplicación de pruebas de confianza a los policías y en el caso de reprobarlas sería causal de separación.
 
Al fallar los magistrados contra ese decreto parlamentario, los magistrados de la Sala de lo Constitucional pretendían, no revertir lo ya realizado, pero sí impedir que a futuro se sigan aplicando esas pruebas de confianza a los agentes policiales.
 
Para hoy el pleno de la CSJ tiene previsto resolver sobre ese decreto que en primera instancia fue declarado inconstitucional, y la decisión sería declarar improcedente la solicitud porque esa ley expiró desde el 25 de noviembre.
 
Tras esa acción, según las fuentes parlamentarias consultadas informó el medio hondureño, cabría por parte del Congreso Nacional, improbar la conducta administrativa de ellos, o bien iniciarles un antejuicio por ese fallo improcedente.

La moción que creó la comisión investigadora fue aprobada a última hora de la tarde a propuesta del diputado Rodolfo Zelaya, del gobernante Partido Nacional.
 
En su exposición de motivos, el diputado dijo que "la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la llamada a resolver los problemas que se susciten entre poderes del Estado, pero en este caso, al parecer... ha provocado un conflicto innecesario al declarar inconstitucional un decreto inexistente porque ya había perdido su vigencia".

Para Oscar Cruz, ex fiscal de defensa de la constitución, "si la corte declara que algo es inconstitucional es porque es inconstitucional".
 
"El problema radica en que en Honduras a lo largo de la historia ninguno de los tres poderes del estado ha respetado el estado de derecho", agregó.
 
Cruz afirmó que "el presidente tiene que acatar las decisiones de los tribunales. Es un principio básico de la democracia".
 
En Honduras "ninguno de los tres poderes está por encima de otro. Ni el Congreso ni el ejecutivo pueden saltarse las resoluciones y el control de la corte constitucional", afirmó.
 
En días pasados, la Corte Suprema de Justicia pidió en un comunicado que "cesen los ataques a la independencia del Poder Judicial y a la institucionalidad democrática".