Un punto del que vengo hablando al menos desde 1996, hace 16 años, y en el que el señor fiscal mostraba mayor coincidencia es que los daños, lesiones y muertes causados por ebriedad, exceso de velocidad, en general conducción temeraria, deben considerarse y sancionarse como delitos dolosos.

Se debe aplicar el concepto de dolo eventual, argumentaba mi entendido interlocutor que, aclaro yo, en “palabras pobres”, se configura cuando el que ejecuta una conducta riesgosa, a pesar de prever los posibles resultados perjudiciales de su acción, persiste en ella. Es el caso del chofer de rastra que a 90-100 kilómetros por hora, o a cualquier velocidad, sobrepasa una larga fila de vehículos en una recta corta o en curva. También es el del busero que va “peleando vía” en una carretera transitada o, peor, en la ciudad. En esas y muchas otras imaginables hipótesis es imposible que el conductor no prevea el accidente que puede causar y, si lo causa, debe ser juzgado doloso.

A mis colaboradores, expresaba el funcionario, les doy instrucciones de que en circunstancias así, acusen por dolo, pero los jueces rara vez aceptan ese razonamiento.

En un artículo de 2002 titulado “Medidas legislativas para prevenir los accidentes de tránsito” señalaba: “Entre nosotros, dada la escasa claridad de la ley, los jueces siempre consideran culposos los accidentes de automotor […]”. Agregando: “Debe legislarse declarando delito el daño causado infringiendo lo que en el derecho de automotores se llama la ‘regla áurea’: todo conductor debe guiar su vehículo en forma que tenga pleno dominio sobre él, de acuerdo con las condiciones del camino […] y demás pertinentes.”

Como bien señalaba el jefe fiscal, tarde o temprano la gota penetra en la roca. Si alguien como él está convencido del dolo causante de ciertos accidentes, algún día habrá quienes, incluso legisladores, dicten normas para prevenirlos.

De las que no son ejemplo, por desgracia, el famoso FONAT, sobre el cual no he escuchado ni leído un tan solo comentario favorable, como no sea de quienes lo idearon. Que para desventura suma, cuentan con el apoyo del presidente Funes.

En esta columna, el 24 de octubre, dije que “al sentir el peso de abrumadoras condiciones, la gente vuelve la vista al presidente. Muchos esperan de él una solución al tránsito terrestre, cuya violencia corre pareja con la de las pandillas.” Conjurándole: “Presidente, nombre una comisión en la que no haya funcionarios ni dueños del transporte, ni jueces; sino ciudadanos dignos indignados, para que propongan reformas, un capítulo exprofeso al Código Penal y a las leyes y reglamentos del tránsito, dando a los percances viales un tratamiento inspirado en nuestra aterradora realidad, no en sonrosadas teorías sobre protectoras.”

En mi artículo del 19 de este mes, analicé punto por punto las debilidades de ese fondo y no hay un solo argumento tomado de nuestra “aterradora realidad”, y no de sonrosadas teorías, que las desmienta.

Señor presidente, piense en los 600,000 propietarios de vehículos, gente de la clase media, que votamos por usted. No se los enajene con ese nuevo impuesto, no importa con qué nombre se disfrace, que no les acarrea ningún beneficio, así sea indirecto, como se espera de cualquier tributo. Deje que lo pasen, pero al menos nooooo, no salga en su defensa.