En el sitio se encuentra un reportaje acerca del tedioso y complicado proceso de construcción de la carretera Diego de Holguín (ahora Monseñor Romero). Llama la atención de la mención a millonarias condenas al Estado en diversos procesos arbitrales. El reporte deja una errada idea del arbitraje pintándolo como un medio que facilita la corrupción, y que el Estado se encuentra en clara desventaja. Por lo que es necesario hacer aclaraciones al respecto, a fin de comprender que el problema no está en las reglas del juego, sino en los jugadores.

El arbitraje es un método alterno de resolución de conflictos, en el cual las partes de una relación jurídica determinada deciden someter sus conflictos sobre derechos disponibles a la jurisdicción de terceros imparciales e independientes (árbitros), quienes dictarán una resolución final, vinculante, susceptible a ejecución en más de 140 jurisdicciones por razón de convenios internacionales.

A diferencia de lo que sucede con las cortes nacionales, donde el Estado previamente hace una selección de las personas que van a fungir como jueces, en el arbitraje son las partes de la disputa las que deben elegir a los árbitros para resolver su conflicto. Las partes son libres en decidir criterios de selección de árbitros (grados académicos, experiencia, etcétera), pero en todo caso deben cumplir con las cualidades de independencia e imparcialidad. Si cualquiera de las partes considera que una persona no cumple con esas cualidades, puede proceder a recusar al árbitro, lo cual se traduce en el nombramiento de un sustituto.

El arbitraje alivia la saturación de las cortes nacionales, y contribuye a dotar a los ciudadanos de mecanismos efectivos para solventar sus controversias de una forma considerablemente más veloz, siendo una de sus ventajas principales.

En este sentido, es que las cortes nacionales tienen un deber de colaborar con los procesos arbitrales, apoyando con su poder de imperium en el dictado de medidas cautelares, práctica de prueba, verificar y ejecución de laudos.

En cuanto al laudo, la decisión final y vinculante de los árbitros cabe decir que puede ser impugnado por la parte que se considere perjudicada en sede judicial por dos medios: nulidad y apelación. La nulidad, en gran medida, se centra en garantizar que un laudo se dicte en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados.

Mientras que la apelación, pese a ser un retroceso en el arbitraje, surge como una forma de revisar la aplicación del derecho y valoración de la prueba hecha por los árbitros. Una vez firme el laudo es equivalente a una sentencia judicial, susceptible a ejecución.

Hechas esas aclaraciones importantes cabe preguntarse: ¿El problema es del arbitraje o de los abogados que representaron al Estado? ¿Se propuso una defensa acertada? ¿Contrademandas? ¿Se impugnó el laudo?... La Fiscalía General es la encargada de representar al Estado, por lo que cabe plantear la interrogante de las medidas que don Luis Antonio Martínez González tomará: ¿Contratará a los mejores despachos de abogados? o ¿si tomará el ejemplo de Argentina en renovar su equipo fiscal?