Me refiero al sagrado derecho de promover y facilitar la más amplia participación política de los salvadoreños, con sus diversas y hasta contradictorias formas de pensar en los procesos electorales. La exclusión histórica de un sector importante de nuestra sociedad fue un factor desencadenante del conflicto armado que padecimos en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de 1992 el país se vanaglorió de haber superado las exclusiones del pasado y que una nueva etapa de la historia iniciaba con la más amplia y plural participación ciudadana en las elecciones.

Por ello llama a la preocupación cuando los tambores de las posibles exclusiones en las próximas elecciones presidenciales comienzan a sonar. Los argumentos son similares a los del pasado: “La Constitución y la ley no lo permiten”. Cuando todos sabemos que nuestra Carta Magna es profundamente democrática y respalda la participación de todos los ciudadanos en la vida política, social y económica del país.

La principal diferencia entre un ciudadano con espíritu democrático de otro con mentalidad autoritaria estriba en que el primero no solo exige derechos para sí mismo, sino que los exige para todo el conglomerado social.

Mientras que la mentalidad autoritaria exige los derechos únicamente para sí, a costa de negar los derechos de los demás. Este pareciera ser el fondo del debate que ha comenzado en torno a la participación de Antonio Saca en las próximas elecciones. Por ello, en las dictaduras los únicos con derechos son el dictador y sus más cercanos colaboradores. Al resto se le niegan los más elementales.

Esgrimir la exclusión, disfrazándola de argumento legal no es solución cuando en realidad lo que está detrás es el miedo de perder una elección y, por tanto, la forma de superarlo es eliminar al contrincante para obtener ventajas electorales. Eliminar al competidor para que no participe es antidemocrático. En El Salvador es volver a un pasado que considerábamos superado y nos trajo trágicas consecuencias.

El deseo de recuperar el poder perdido es un derecho de todo partido que ha estado en el gobierno, el deseo de mantenerse en él también es un derecho. Pero ambas cosas deben lograrse por la vía que la democracia establece. La competencia electoral es el camino tanto para mantener un gobierno como para el acceso a él. La democracia no se construye retorciendo las leyes para asegurar resultados favorables.

La democracia se construye dando certeza jurídica a los ciudadanos para su más amplia participación y que los resultados sean los que la ciudadanía, a través del sufragio, decida.

Al negar la participación electoral a un ciudadano no solo se violentan sus derechos individuales, también se violentan los derechos de otras decenas o centenares de miles de ciudadanos que han decidido votar por él y que se quedarían sin opción.

El Salvador necesita una democracia amplia y participativa, necesita elecciones verdaderamente competitivas. Ya en este momento la enorme cantidad de recursos económicos que necesita un partido para promover sus candidatos es un fuerte valladar en la equidad, poner más obstáculos es hacer un pobre favor al futuro de nuestra patria.

Es necesario que se le pierda el miedo a la competencia política, que abramos las puertas de la democracia para todos. Solo así construiremos un mejor futuro.