La semana del 20 de enero pasado ocurrieron dos acontecimientos relevantes vinculados a la violencia y a los homicidios que sacuden a diario a la familia de El Salvador: el lanzamiento de los municipios “libres de violencia” y un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Cada uno de esos hechos requiere de una reflexión imposible de pasar de largo o por alto cuando se trata de observar un fenómeno social al que le han aplicado distintos enfoques y sobre todo medidas que no pocas veces han respondido a la manipulación electoral y quizá a intereses oscuros.

El proyecto “Municipios libres de violencia” se ha ofrecido como una extensión o segunda fase de un proceso que inició en marzo del año pasado con la tregua entre pandillas y que hasta enero de 2013 ha dejado un resultado tangible e indiscutible, como es la disminución de los homicidios de 14 a seis diariamente.

Esa reducción es, sin duda alguna, la cara más concreta de una medida pactada entre dos grandes grupos rivales con la mediación de arzobispo castrense Fabio Colindres y el exdirigente guerrillero Raúl Mijango, y desde luego la participación del Ejecutivo que está ahí pero que se niega a asumir su paternidad.

En dos meses la tregua habrá llegado a su primer año y es evidente que el proceso se está consolidando y posiblemente ganando más simpatías dentro y fuera del país, aunque para una mayoría haya sobradas razones para reiterar en una desconfianza de la cual parece consciente David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, cuando admite que “la sociedad todavía está resentida y encolerizada con el actuar de las pandillas”.

Justamente por eso es que los grandes discursos rebuscados, los atractivos nombres de los programas sobre la violencia o los actos oficiales tienen poco espacio para los manejos mediáticos y cada vez menos si no van acompañados de hechos concretos.

El programa “Municipios libres de violencia” puede resultar como las campañas de limpieza del pueblo, donde más tarda en pasar el camión recolector de la basura que en aparecer la inmundicia que nosotros mismos generamos. Eso supone el desafío de mostrar más hechos y menos palabras, o lo que sería igual a evidenciar la desaparición de las extorsiones, los robos y hurtos o todos los actos que inciden en la percepción colectiva de la violencia.

Si la primera fase de la tregua ya dio el primer resultado, la sociedad lo menos que puede hacer es otorgar el beneficio de la duda, lo que tampoco supone la renuncia a la observación y la crítica constante en función de mejores resultados.

Que el Departamento de Estado de Estados Unidos posiblemente no reconozca que algo ha cambiado en un año tampoco debería ser motivo de escándalo, especialmente porque nadie puede negar en El Salvador que “el crimen y la violencia” son “problemas graves”.

El problema más sensible para el país no puede seguir administrándose con poca transparencia y en adelante el Ejecutivo tiene que asumir la paternidad de un proyecto no solo cuando hay buenos resultados, después de todo se ha abierto una brecha distinta con algún efecto.

Entonces, ganar la confianza de los países amigos y de la población local se debe plantear como una asignatura pendiente que tendrá frutos dependiendo de las acciones domésticas. El resto llegará por añadidura y con el esfuerzo de todos.

Quien asuma la conducción del país tras el resultado electoral de febrero de 2014 debe saber que la violencia muchas veces requiere de respuestas o fórmulas poco ortodoxas y que no todo lo pasado es malo cuando de resolver problemas se trata.