Un juez de inmigración extendió el viernes hasta el 2013 el juicio de deportación de un ex ministro de Defensa de El Salvador acusado de participar activamente en masacres y violaciones de derechos humanos en su país en los años 80.
 
El juicio del general salvadoreño José Guillermo García Merino se inició el lunes y debía terminar el viernes, según lo estipulado previamente por el juez Michael Horn. Pero el proceso se prolongó más de lo planeado con el testimonio de tres testigos presentados por el gobierno, y el magistrado resolvió reanudarlo el año próximo. No fijó aún, sin embargo, una fecha exacta.
 
"Voy a reiniciar el caso no antes de 30 días y no después de 60 días", manifestó el juez Horn tras dar por terminada la audiencia con el testimonio de la profesora Terry Karl, de la Universidad de Stanford, de California.
El gobierno nacional busca deportar a García bajo acusaciones de que "ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales" mientras se desempeñó como ministro de Defensa, entre 1979 y 1983.
 
El departamento de Seguridad Interna fundamenta su pedido de repatriación en una ley federal vigente desde el 2004 que allana el camino a las autoridades federales para acusar y procesar a presuntos represores extranjeros.
 
Aún después de terminado el juicio, el magistrado podría tomarse algunos días o semanas para emitir su fallo. Posteriormente García tiene el derecho a apelar la decisión judicial, por lo que la resolución definitiva sobre la deportación del ex ministro salvadoreño podría demorar meses.
 
La extensión de la fecha de culminación del juicio le da más tiempo a la defensa de García para preparar el caso y también para preparar las preguntas que le hará a Karl, quien en su testimonio de dos días aseguró que el ex militar conocía las masacres que tenían lugar en su país y se negaba a investigarlas.
 
Karl no podía seguir declarando la próxima semana ya que también debe participar en un juicio que enfrenta en Boston el militar salvadoreño Inocente Orlando Montano por haberle mentido a las autoridades de inmigración cuando solicitó un estatus de protección temporal, una denominación que permite a algunos extranjeros permanecer en Estados Unidos cuando no tienen garantías de seguridad para regresar a su país a causa de un conflicto armado u otras razones.
 
La sentencia es el 18 de diciembre.
 
Montano está acusado de colaborar en el homicidio de seis sacerdotes jesuitas en 1989 y podría ser extraditado a España para que allí lo juzguen por los asesinatos. El ha negado cualquier papel en la matanza.
 
Después de Karl deberá declarar García y la defensa espera que su testimonio se extienda varios días.
 
En la audiencia del viernes, que se interrumpió en una oportunidad debido a que García no podía escuchar la traducción del inglés al español por el mal funcionamiento de los auriculares, Karl se refirió a documentos del departamento de Estado que indicaban que el ex ministro sabía "perfectamente que algunos miembros de nivel medio y bajo de las fuerzas armadas están involucrados en escuadrones de la muerte" y otros tipos de violencia. Mencionó también una "lista de la muerte" que incluía más de un centenar de nombres de civiles y militantes políticos que apareció en un diario salvadoreño a manera de "amenaza directa de las fuerzas armadas".