"Cada vez que destapamos esta cloaca, encontramos más y más irregularidades que la población debe conocer". De esta manera describió, el presidente de la República, Mauricio Funes, el conflicto ENEL-LaGeo y reiteró que el gobierno llegará hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio del país.

Acuso a instituciones como FUSADES y ANEP, y a funcionarios como la diputada Ana Vilma de Escobar, de ARENA, de querer presionarlo por entregar las acciones de LaGeo a la empresa italiana ENEL. 

"Me han dicho que si estamos ante un grave delito, que se investigue, pero primero entregue las acciones a ENEL y después investigue, me piden. Es incomprensible esta actitud de una institución como FUSADES".

"Me están pidiendo que me haga de la vista gorda como las administraciones anteriores y no ponga al descubierto las condiciones amañadas en que esto se dio", reiteró.

El presidente detalló que una de las irregularidades que ha salido a flote es que el acta en el cual se toma acuerdo de accionistas fue firmada por el entonces presidente Guillermo Sol Bang el 4 de junio 2002, el mismo día, y a la misma hora, en que se firmó un documento que modificaba el acuerdo de accionistas. "Dos actos notariales distintos que no podían tener la misma hora (...) La facultad de modificar el acuerdo de accionistas se le dio antes de que el acuerdo en sí naciera la vida. Es inverosimil, pero así ocurrió", expresó el presidente.

Según Funes, el acuerdo de modificación de la junta directiva planteaba 15 cambios orientados a entregar el control total de la producción de energía geotérmica del país. Además, detalló, le daba el control del socio estrategico a perpetuidad, algo que no es permitido por la Constitución de la Republica. CEL se inhibía de invertir en LaGeo con esas modificaciones, explicó. LaGeo es la única geotérmica que tiene el país.

En este sentido, insistió en que el gobierno reunirá toda la información seriemente para elevarla a la Fiscalía General de la República. 

Además, indicó, presentarán la demanda judicial en la que solicitarán la nulidad del acuerdo de
accionistas y las respectivas modificaciones. Acudir a la Sala de lo Contencioso de la CSJ, porque "consideramos que ese contrato es espurio y no debió haber sido firmado de esa forma".

Finalmente, el presidente criticó que ninguna institución y organización presione a la Asamblea Legislativa a acatar el fallo de la Sala de lo Constitucional, que obliga a los diputados a  revisar todas las conseciones de la explotación de un bien público.  Con ello podría ocurrir que la Asamblea anule la conseción (de LaGeo) o prorrogue que la empresa italiana tenga la mayoría de las acciones, indicó.

El conflicto entre Enel y el Gobierno comenzó luego de que este último se negara a que los italianos inyectaran más de $100 millones en LaGeo, lo que les permitiría alcanzar la mayoría accionaria en la geotérmica.