San Diego – El gobierno de Obama ha manipulado su política de deportación con tantas historias que ni él mismo las puede distinguir claramente.

En agosto de 2011, funcionarios de la Casa Blanca anunciaron que el Departamento de Seguridad del Territorio ya no gastaría sus “recursos limitados” en procurar aprehender activamente y deportar a inmigrantes ilegales que no tengan antecedentes penales. Bajo la actual ley federal, ingresar en Estados Unidos ilegalmente es generalmente una infracción civil y no penal.

La semana pasada, en un intento transparente por apretar los tornillos de los republicanos que piden recortes de gastos, ese mismo departamento anunció que –debido a limitaciones presupuestarias y a la posibilidad de recortes obligatorios a causa del secuestro– dejaba en libertad a varios cientos de inmigrantes ilegales. En una sesión informativa en la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, aseguró a los reporteros que los que quedaban en libertad eran “detenidos no-penales de bajo riesgo”.

En otras palabras, el gobierno puso en libertad a algunas personas que no debería haber encarcelado en primer lugar.

Alguien no está diciendo la verdad –una vez más. Esta deshonestidad recurrente se genera del hecho de que el gobierno quiere serlo todo, posicionándose a veces como duro y otras, como compasivo. Cuando quiere ser duro, describe a los deportados como delincuentes violentos con largos prontuarios. Cuando quiere ser compasivo, el gobierno afirma que no está tocando a esos inmigrantes ilegales que el presidente Obama, cuando está ante un público latino describe como “gente muy trabajadora en busca de una vida mejor”.

Ese es el baile de dos-pasos de Obama. Consiste en torpes firuletes, que los medios y el pueblo estadounidense han presenciado una y otra vez, desde que comenzaron a aparecer noticias, hace unos años, sobre cómo el gobierno estaba rompiendo récords de deportaciones y expulsando a unas 400,000 personas por año. Siguiendo esta tendencia, para fines de 2013, funcionarios de inmigración habrán deportado a 2 millones de inmigrantes ilegales; es alrededor del mismo número de deportaciones que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo entre 1892 y 1997.

Jamás hemos visto un gobierno tan cínico para manipular la política migratoria de Estados Unidos a fin de alcanzar objetivos políticos.

La historia no es lo que los liberales piensan que es –que de alguna manera Obama ha redescubierto su humanidad y finalmente se ha convertido en el presidente por el que votaron.

Vaya con el redescubrimiento de Obama de su humanidad. En lo relativo a los inmigrantes y a la política migratoria, no es probable que veamos ese fenómeno en un futuro cercano. Los republicanos temen que el gobierno deje libres en sus vecindarios, a una multitud de personas que representan una mezcla de Al Capone y el narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Sobre los cientos de miles a quienes se les ofrece un pasaje de salida de Estados Unidos, muestran que muy pocos de ellos son violentos o, de hecho, delincuentes.

Otros deportados son técnicamente culpables de un delito, que probablemente la mayoría de la gente no considere serio. Bajo la actual ley migratoria, a los que son deportados y vuelven a entrar en el país se les imputa no una violación civil –que sería lo que ocurriría con un primer cruce ilegal– sino un delito mayor. Si su niñera es inmigrante ilegal (ya sé, ¿pueden imaginarse algo así?) fue deportada y volvió a ingresar en el país, cometió un delito mayor. Así pues, según el gobierno de Estados Unidos, todos los días al ir al trabajo, usted entrega sus hijos al cuidado de una delincuente empedernida.

Cuando intenta ser duro, el gobierno cuenta a la niñera –o mucama, jardinero, cuidador de una persona mayor, etcétera– como parte de su lista de deportados “penales”. Cuando intenta ser compasivo, es muy probable que los deje fuera de la lista.

Hay muchos juegos, muchos trucos. Este gobierno hace lo que es conveniente en el momento y según eso establece la política a seguir. Pero que el gobierno no mantenga las cosas claras no significa que el pueblo estadounidense no deba hacerlo.

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© 2013, The Washington Post Writers Group