Según las leyes internacionales, si los socios aceptan tribunales e instancias de arbitraje internacional cuando firman, los fallos por diferendos deben cumplirse, punto. Por derecho y por el bien del país, por cumplir la ley, somos seguros para la necesaria inversión extranjera. No es legal ni legítimo desconocer los fallos usando el argumento de que el contrato no nos gusta, ni porque se trata de un recurso natural del salvadoreño, ese no se afecta. El asocio con ENEL fue a licitación por medio de un banco de inversión mundial, Deustche Bank; ganó ENEL, de presencia mundial. El contrato que los de entonces firmaron fue a nombre del Estado de El Salvador, quien incumpliría una sentencia internacional, no es este Gobierno, es el Estado salvadoreño. La credibilidad del país para atraer inversiones internacionales se deterioraría sustancialmente.

A las puertas de lograr un programa crucial para nuestra deteriorada economía, el Asocio para el Crecimiento, el ejemplo de no cumplir pactos y no acatar las sentencias internacionales es pésimo, puede peligrar. Algunos dicen que no importa si se cae, porque habrá más petrodólares de Venezuela. La diferencia entre unos y otros es abismal, los fondos del asocio son transparentes, sirven para el desarrollo de regiones, y no entregamos nada a cambio. Los del Alba tienen cero transparencia, sirven para programas asistencialistas y a cambio de ellos vamos entregando la democracia y la soberanía del país.

Corresponde cumplir. Si el argumento para no hacerlo es que el contrato y la concesión de explotación fueron otorgados en condiciones muy desfavorablemente para el país, que sugieren malos procederes de quienes los otorgaron, que se investigue a fondo y si hubo corrupción de por medio, como sugieren las autoridades, procede aplicar el debido proceso y la justicia con todo su peso, pero no incumplir los acuerdos de accionistas ni las sentencias.

El pleito viene desde el gobierno de Saca, en cuyo período hay señalamientos e indicaciones de importante corrupción en el manejo de LAGEO y adláteres. Los columnistas recibimos frecuentemente testimonios de gente que está adentro y no participan de la corrupción, hasta allí lo dejamos en rumores. Pero este caso subió al máximo de la atención pública, invitamos a la fiscalía a investigar a fondo, desde la firma hasta la fecha, lo que allí ha sucedido.

El argumento nacionalista de que el vapor es salvadoreño y no se les debe regalar a los italianos está mal planteado. Nadie se lleva el vapor, invierten recursos y tecnología que no tenemos para producir energía renovable a buen precio. Las estadísticas de producción y eficiencia de cuando ellos tenían más presencia frente a la otra, muestra superioridad enorme en las primeras administraciones.

El problema es que, según el contrato, mediante inversiones en pozos, y solo si producían electricidad, ENEL adquiría más acciones de la compañía que aumentaban su capital en la empresa. Cuando perforaron pozos que no produjeron, no obtuvieron ninguna acción.

ENEL, según el contrato, perforó y entregó energía suficiente para hacerse acreedor a suficientes acciones para tener mayoría en la empresa. Entonces reventó el pleito con el gobierno Saca, más porque perdía control de algo que manejaba discrecionalmente que por los motivos de nacionalismo mal entendidos de que regalamos nuestros recursos.

Mayoría en una empresa significa mayor participación en utilidades y control operativo, no estratégico que es objeto de junta general, nada más. Ni se llevan nada, ni entregamos la soberanía. Se da en muchos países.

Funes puede enmendar lo que malos asesores le han recomendado, todo sale a luz eventualmente. Si existen abusos contractuales notables, puede someterse a revisión, concesión y contrato y someterlo a la ley para revocación, si procede.

Los intereses del país se sirven mejor cumpliendo las leyes.