Por eso es que en nuestra columna del pasado lunes preguntábamos al presidente de la República ¿qué hacía falta para elegir a los comisionados? Ahora sabemos qué es lo que estaba pasando –se fraguaban reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)– que sin lugar a dudas significan una nueva afrenta a las decisiones de la Sala de lo Constitucional y un retroceso en la protección al derecho de información que tenemos todos los ciudadanos.

Con estupefacción pudimos percatarnos de que en horas de la mañana del miércoles de la semana recién pasada se introducía en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia que modificaba algunos artículos de la LAIP, mereciendo especial atención las modificaciones que pretendían que el Instituto de Acceso a la Información quedara completamente desprovisto de autoridad frente a las instituciones que se negaran a divulgar información por calificarla como “reservada”.

El Grupo Promotor de la Ley de Transparencia, del cual forma parte activa el CEJ, sostuvo una reunión el jueves, con el propósito de identificar las acciones a implementar para hacer notar a las distintas fracciones legislativas el daño que se ocasionaría de aprobarse las reformas pretendidas; no sabíamos lo que se venía.

En otro madrugón legislativo, la Asamblea a las 2 de la mañana del viernes 8 de febrero aprobó las reformas, sin haber siquiera dado la oportunidad de que las mismas se conocieran, mucho menos que se discutieran; nos despertamos dándonos cuenta de que el daño ya se había hecho. ¡Vaya paradoja! La Ley de Transparencia fue modificada en el más completo secretismo y obscuridad. ¿Cuál transparencia?

Con las reformas aprobadas, a los entes obligados les bastará calificar la información como reservada, para no entregarla. En la ley originalmente aprobada, el Instituto de Acceso a la Información tenía la potestad de revisar si la calificación de reserva o confidencialidad que hiciera una institución pública era legítima; si no lo era, el instituto podía ordenar el acceso a la información y sancionar a la institución que insistiera en desobedecer.

Las reformas eliminan esa potestad. Ahora el instituto solo podrá recomendar la entrega de información ilegítimamente calificada como reservada, sin que pueda sancionar a quien no cumpla con esa recomendación. Se trata de una reforma que pretende mantener el oscurantismo con que se ha venido manejando la administración de la cosa pública. Ya se ha visto que la LAIP –aún sin el instituto funcionando– ha incomodado a muchos funcionarios que hoy toman revancha; esta reforma patentiza que no existe deseo de transparentar las actuaciones de las instituciones del Estado. Sabemos que estas reformas podrían contar con el beneplácito de Casa Presidencial, pero de todos modos exhortamos al presidente de la República a que reconsidere y proceda a vetar las mismas; a pesar de los yerros cometidos en relación con este tema, esta se presenta como una nueva oportunidad para demostrar su compromiso con la transparencia.

De no ser así, desde ya anunciamos que el CEJ tendrá un rol protagónico en el apoyo y la promoción de las acciones que sean necesarias para evitar que se concrete una nueva violación a nuestro derecho constitucional de ser informados.