“Me cuesta creer que han pasado veinte años de Gobiernos de ARENA y parte de una administración del FMLN, y nadie ha podido obligar a los autobuseros a pagar un seguro médico colectivo.”
El último accidente de un bus en el que acabaron heridos más de 25 personas nos muerde la memoria a todos. Posiblemente –no lo sé– más de algún pasajero acabará con lesiones permanentes. Otros, con sus piernas partidas en cuatro partes, tendrán que hacer fila en algún hospital para que los curen a medias, y por caridad pública. Y todo eso porque no hay alma humana que obligue a los autobuseros a contratar un seguro médico colectivo que atienda a los pasajeros en casos de accidente.

Si muere algún pasajero, la cosa es peor: el motorista huye, el dueño del autobús no aparece nunca y nadie es responsable por la vida de nadie. Los familiares del muerto solo tendrán opción de atender, un día de tantos, a un flemático abogado que le ofrecerá $500 a cambio de la muerte del pasajero. Cínicos: ¡La vida no vale $500! Y tampoco ha existido un alma humana que ponga en cintura a los autobuseros y promueva, en la Asamblea Legislativa, una reforma de ley que le diga al país que los muertos en accidentes del transporte público no son conciliables. ¡En este tema se juega hasta con la ignorancia humana!

El papel del dueño del autobús es patético: entrega un bus con sus llantas lisas, con los frenos medio inservibles, con el motor lleno de agruras mecánicas y, si ocurre algo, ni siquiera está obligado a dar el pésame. El motorista, que gana una miseria diaria, es quien asume la responsabilidad penal. Y es quien tendrá que huir a Guatemala si quiere salvar su pellejo. ¿No les parece increíble que tampoco nadie promueva una reforma legal para elevarle las responsabilidades penales a los dueños de los buses? ¿No creen que eso debe ser más urgente, sobre todo porque los dueños de los buses no están obligados a comprar seguros de vida o médicos?

No sé cuanta pelea habrá dado Gerson Martínez en este tema. Si él ha perdido todas las batallas contra el poder de los autobuseros, no debería rendirse jamás. Si ya puso orden entre los constructores y está llenando el país de buenas obras sin que medien mordidas, dar una batalla final en este tema no será comida de trompudo para Gerson.

El tema de la ausencia de seguros en el transporte público produce mucho coraje. El atraso legal y la desprotección de los usuarios es tal que el caso debería parar hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nadie se le puede olvidar que es la gente pobre y la clase media baja la que, todos los días, pone un pie en los autobuses. A pesar de eso, los pasajeros se convierten, a diario, en carne de cañón: cuando no los asaltan, corren el riesgo de acabar muertos en las calles, con una sábana blanca encima de ellos.

Las autoridades del transporte público tienen las manijas en sus manos: el servicio de autobuses es una concesión que entrega el Estado. Como tal, se puede quitar cuando se quiera si se miran enormes incumplimientos. ¿Alguien me puede decir que la desprotección de la vida no es la más importante de todas las causales para poner orden en el transporte público?

No debemos olvidar que los pasajeros pagan un precio público por el servicio de los autobuses. ¡Ningún autobusero le regala nada a un pasajero! Y esto último cambia, radicalmente, la naturaleza jurídica de ese servicio público. El problema de los buses no es el subsidio. El problema es que cada pasajero se sienta en los buses empujado por un agravio público.