El tema de la violencia pandilleril viene estando sobre el tapete de la realidad nacional prácticamente a lo largo de toda la posguerra, con un despliegue constante e impresionante, hasta ser ahora mismo una de las cuestiones más palpitantes y desafiantes en el día a día de los salvadoreños de todos los niveles. De entrada hay que subrayar que dicha problemática es compleja al máximo, y que uno de los errores metodológicos más graves respecto de ella ha sido intentar tratamientos inmediatistas cuando lo que se requiere es calar en el fondo de la misma, para partir de las raíces hacia las ramas, mientras hasta la fecha todo se ha venido quedando en las ramas como si no existieran las raíces.

Por el momento tenemos una tregua entre las principales pandillas, que ha producido una disminución sustancial en las cifras de homicidios desde marzo del pasado año. Es cierto que la tregua es frágil y que los otros delitos, especialmente la extorsión, se mantienen casi en las mismas; pero el enfoque realista de lo que hasta hoy ha ocurrido no puede ni debe llevar a la negación del esfuerzo como tal. Dicho enfoque debería conducir hacia lo que en verdad se está necesitando: la construcción de un compromiso multisectorial y la definición de un plan que no sólo contenga las necesarias líneas de acción sino el financiamiento sostenible de las mismas.

La dinámica emprendida a partir de la tregua entre las pandillas tendría, pues, que seguir avanzando hasta convertirse en una política integral, que contemple el debido desmontaje de las estructuras de las pandillas y la reinserción de sus miembros dentro de la normalidad de la vida ciudadana. Hay, desde luego, puntos muy delicados por considerar, como decir el tratamiento de las responsabilidades criminales, cuando las haya, y la naturaleza de los estímulos que se aplicarían para inducir a los mareros a dejar su vida pasada en función de una nueva realidad existencial. Lograr esto constituye, como es fácilmente comprensible, un reto y un esfuerzo de gran dimensión y alcance, y por ello requiere un proyecto de base que le dé el debido sostén.

Es de entender que una iniciativa tan novedosa como ésta sea vivero de reticencias y recelos en el ámbito nacional; pero en verdad no vemos excusa válida para desautorizar de antemano las potencialidades de lo que está ocurriendo. Por el contrario, hay que sumar voluntades a fin de neutralizar la posibilidad de que la iniciativa se trivialice hasta desaparecer. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública ha venido insistiendo en que este es un proceso que requiere evaluaciones de corto, medio y largo plazo. Y es que apuestas audaces, como la de los “municipios santuarios”, requieren a la vez suficiente comprensión y debido seguimiento.

Por todo lo anterior, podemos concluir que tanto la temática en cuestión como el tratamiento de la misma demandan un compromiso que va más allá de los ámbitos institucionales. Es la sociedad en su conjunto la que debe integrarse en el manejo de esta cuestión tan delicada y espinosa. Si el éxito se va logrando progresivamente, no sólo habrá evidentes beneficios para la normalidad nacional sino que encarnaremos, como país, otro ejemplo de solución visionaria de un problema que no sólo a nosotros nos aqueja.

Este es uno de los proyectos que tienen que trascender las fronteras entre períodos presidenciales, porque la fragmentación política lo que hace es perpetuar la falta de soluciones verdaderas.