En ambos casos se trató de revancha política, por considerar que los jueces pecaron por obra u omisión. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo se disgustó porque los magistrados declararon inconstitucional aspectos técnicos de un decreto sobre una necesaria depuración policial. Luego, los legisladores abusaron de poder despidiendo a los jueces, causando inestabilidad, de la que se terminó acusando a los medios por informar.

En Argentina, la presidenta Cristina de Kirchner encontró la excusa perfecta para disciplinar y someter a los jueces. Aprovechó la indignación social por la absolución de los acusados de secuestrar y obligar a la joven Marita Verón a la prostitución, aunque en el fondo se trató de una represalia contra la Corte Suprema y otros tribunales, que todavía no permiten la implementación completa de la Ley de Medios, cuyo motivo real no es tener una prensa plural y robusta, sino someter a la crítica e independiente.

Con esa justificación, Cristina de Kirchner dijo que impulsará una reforma en el Congreso para democratizar al Poder Judicial ya que lo ve divorciado de las demandas de la gente. Se trata del mismo patrón arrogante que siguieron Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes acusaron a la prensa y luego al Poder Judicial por todos los males que no pudieron resolver, desde corrupción a inseguridad.

Hoy, en Ecuador y Venezuela, luego de pomposas reformas judiciales y tras haberse instalado jueces amigos, y sometido a los independientes, los problemas siguen igual o peor, pero nadie se atreve a procesar o auditar a los gobiernos, pese a denuncias por corrupción, fraude electoral y violación a los derechos humanos.

Las reformas terminaron siendo el pretexto de los gobiernos para blindarse, evitar los cuestionamientos y fallos incómodos, y arrogarse el poder absoluto.

Varios gobiernos latinoamericanos están demostrando poseer esa arrogancia arbitraria en el proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene que decidir la Organización de Estados Americanos en los primeros meses de 2013. Muchos países, en venganza por varias decisiones contrarias dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –y opiniones desfavorables de su Relatoría Especial por la Libertad de Expresión– en vez de corregir, admitir vicios o reparar a las víctimas, prefieren coartarle a este organismo su autonomía y libertad para actuar.

La excusa perfecta la dio Brasil, cuando decidió retirar a su embajador de la OEA en 2011, en represalia por una decisión de la CIDH que ordenaba detener la construcción de una represa en el Amazonas porque violaba derechos de los indígenas. De aquella decisión se aprovecharon otros gobiernos.

Ecuador pidió una reforma profunda del sistema interamericano al catalogar que la defensa de periodistas y de un diario de ese país por parte de la CIDH era una intromisión a su soberanía. Venezuela calificó de “mafia” a los comisionados y pese a que nunca cumplió con varias decisiones de la Comisión y Corte interamericanas, decidió retirarse de su jurisdicción; una total contradicción con su flamante puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conseguido en noviembre.

Otros estados, como Colombia y México, también ven con buenos ojos una reforma, y aunque dicen pretender mayor eficiencia, quieren quitarle dientes a un sistema que tiene ante sí muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas armadas.

Es evidente y necesario que los poderes judiciales, así como el sistema jurídico interamericano, necesitan ser más eficientes. Pero esa mejoría para que sea tal debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos como pretenden las ansiadas reformas.

Que hay jueces malos y corruptos es cierto, como también gobernantes y legisladores. Pero existen formas técnicas para corregir y castigar conductas, evitando someter a todo un poder con destituciones masivas, amenazas y golpes de arrogancia.