En primer lugar, pensamos que con esta decisión se consolida de una vez por todas la exigencia de dar verdadero contenido a los requisitos que para la elección de funcionarios públicos se encuentran establecidos en la Constitución; requisitos que por lo demás no están restringidos a los funcionarios de segundo grado, sino que también alcanzan a aquellos de elección popular.

Haciendo eco de las resoluciones que ha venido dando la Sala de lo Constitucional en esta y similares circunstancias, los requisitos de honradez y competencia notoria que se exigen para nuestros funcionarios ya no son términos etéreos carentes de significado práctico. Estos requisitos se traducen en asegurar en el candidato la probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia –que implica separación de los diversos órganos e instituciones, así como de los partidos políticos– y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad la investidura, así como la cualificación técnica y profesional –empírica o académica– requeridas para el idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo o empleo.

En segundo lugar, es innegable que esta decisión desmotiva fuertemente que se continúe con la insana práctica de elegir funcionarios de segundo grado que responden directa e irreflexivamente a los partidos políticos que los designan.

En el caso particular de la Corte de Cuentas, el CEJ ha denunciado por años que los funcionarios elegidos eran el resultado de un desvergonzado reparto de cuotas partidarias, al grado tal que por mucho tiempo esa institución se convirtió en el feudo de uno de los principales partidos políticos que hasta llegó a reclamar como suya la institución y que en esta última elección fueran nombrados como magistrados, hasta miembros de la máxima dirección de los partidos políticos.

De más está decir que tal práctica jamás permitió que la Corte de Cuentas cumpliera a cabalidad con su rol fiscalizador y sancionador. No es que pensemos que con esta decisión desaparecerán de tajo las negociaciones partidarias para la designación de los funcionarios públicos; no desconocemos que las negociaciones son consustanciales al ejercicio político.

Pero lo que sí es cierto es que las mismas tendrán que comenzar a realizarse con una visión diferente, sin hacer un reparto indiscriminado de instituciones, analizando de verdad las hojas de vida de los postulantes y comprobando de forma cierta el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Nos parece que ya no hay espacio para que los diputados se nieguen a realizar las elecciones de funcionarios de segundo grado a partir de procesos transparentes, abiertos a la participación ciudadana. Eso sin duda nos acerca mucho al perfil de funcionarios que todos queremos.

Y en tercer lugar, parece que comienza a permear el mensaje sostenido por la Sala de lo Constitucional con el valiosísimo apoyo de la sociedad civil: hay tres Órganos del Estado y cada uno tiene identificadas sus funciones y responsabilidades; en el caso del Órgano Judicial y más concretamente en el caso de la Sala de lo Constitucional, esta es la máxima interprete de la Constitución por lo cual no solo los ciudadanos comunes, sino también los demás Órganos del Estado, deben someterse a sus decisiones en ese ámbito.

Nos place darnos cuenta de que esta vez la resolución no ha generado airados sobresaltos y que los diputados, conformes o no, han manifestado que cumplirán con lo resuelto. Nuestro reconocimiento a la Asamblea Legislativa por la adopción de esa postura. Finalizamos aclarando que nuestra posición es completamente ajena a consideraciones sobre las cualidades personales, éticas o profesionales de los funcionarios cuya elección ha sido declarada inconstitucional. Se trata simplemente de velar por el imperio del derecho.