Las instituciones han estado al servicio de muy pocos y la información pública ha sido con frecuencia secuestrada. Periodistas y medios de comunicación han tenido con frecuencia que ir arañando la verdad con muy poca colaboración oficial. Y a pesar de saber eso, todavía hoy el acceso a la información sufre restricciones, tiene enemigos y, recientemente se le ha querido imponer retrocesos graves a una ley de transparencia que garantiza un mayor conocimiento ciudadano de lo que pasa en la administración del país.

El sistema judicial sigue en muchos aspectos siendo opaco para la ciudadanía. Al poder legislativo le molesta que sepamos a quiénes se regalan corbatas. El Ejecutivo, aunque llena de páginas internet, ni siquiera ha sido capaz de respetar la Constitución poniendo en el presupuesto los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado. Es posible que algunos políticos o funcionarios se preocupen de que puedan surgir críticas exageradas o injustas a partir del acceso a algunas de las informaciones a las que se tenga acceso. Pero es mejor una crítica ciudadana abierta y pública, que la sospecha permanente de que algo se maneja a escondidas en el mundo de la política. Somos un país poco acostumbrado al debate serio y tolerante, y es precisamente la transparencia informativa la que puede darnos serenidad. El secreto y la falta de información solo añade tensión a la política y destruye posibilidades de cohesión social al dificultar la confianza en las instituciones estatales.

El acceso a la información exige siempre un crecimiento permanente. Acabamos de ver tanto en la campaña electoral de Estados Unidos como en la de España, en crisis por los indicios de corrupción recientes, que la demanda de trasparencia llega a exigencias cada vez mayores. Tanto el candidato republicano que perdió, el millonario Mitt Romney, como el presidente de España, han tenido, cada uno en su momento, que hacer pública su declaración de renta. Y lo han hecho voluntariamente porque la exigencia ciudadana es rigurosa. Entre nosotros, al contrario, la Corte Suprema puso trabas a la investigación de las cuentas bancarias de políticos en el momento en que dejaban puestos públicos. Nuestras posibilidades de mentir y engañar son todavía demasiado grandes, y es creencia común y extendida que en el mundo político abunda el enriquecimiento ilícito.

En otras palabras, que el ambiente ciudadano no está para restringir posibilidades de acceso a la información pública ni, mucho menos, quitarle facultades a los organismos señalados para velar por dicho acceso. Algunas voces de diferentes tendencias partidarias, además de las provenientes de muy amplios y diversos sectores de la ciudadanía, han pedido cordura y sensatez. Desandar lo andado, y más en este campo de la trasparencia, no es sano. Al contrario, es necesario en el futuro incluso ampliar la trasparencia al manejo de fondos de los partidos. Ojalá la sensatez se imponga.