Basta escuchar el testimonio de muchos colegas y pacientes. El médico que defiende otras tesis es aquel que se ha dedicado a otras actividades, como la política, o a cargos administrativos desde los cuales es difícil entender lo que ocurre en un consultorio. El conflicto precio-calidad está en todo proceso de compra-venta de bienes y servicios. Siempre buscamos comprar lo que sea de más alta calidad al menor precio posible, pero en el caso de los medicamentos esta consideración adquiere una dimensión especial, por razones obvias.

De ningún modo cuestionamos la reducción de los precios de los medicamentos, que buena falta nos hace, sino la calidad de muchos de ellos; reclamamos la autoridad que nos corresponde para recetar aquellos en los que confiamos sin que por ello se nos haga señalamientos absurdos de faltas a la ética profesional y reclamamos que se escuche nuestra opinión en la toma de decisiones tan trascendentales. Cuando la calidad de los genéricos sea incuestionable, estaremos absolutamente de acuerdo en olvidarnos de nombres comerciales. Si tomamos en cuenta las marcas para comprar ropa o electrodomésticos, ¿no resulta lógico hacerlo para comprar medicamentos?

Dejando de lado el tema de la calidad, es obligado preguntarse a quiénes beneficiará la reducción de los precios. ¿A todos los salvadoreños? ¿A los más necesitados?

Las expectativas generadas en la población probablemente no estarán en concordancia con lo que en realidad sucederá, pues no se puede asumir que la medida favorecerá a todos los salvadoreños y, menos aún, a los más necesitados. ¿Por qué? Veamos. Los más necesitados, cuando pueden, no acuden a una consulta privada, sino a la tienda del barrio para comprar medicamentos de uso popular y de venta libre, que no están sujetos al control de precios. Ahora, con médicos en las farmacias, quizá hasta se les cobre la consulta que antes les daba el farmacéutico en forma gratuita. Ahora tendrán que pagar por consulta y por medicamentos.

Puede ocurrir que “los más pobres de los pobres” acudan a la unidad de salud, donde les darán los medicamentos que necesitan... si hay en existencia. Pero la Ley de Medicamentos no hará que estén disponibles en las instituciones de salud pública ni del ISSS, puesto que los precios a los que estas los adquieren tampoco están sujetos a la ley. La reducción de los precios, entonces, “beneficiaría” a aquel sector de la población que cuenta con los recursos necesarios –o aún más de los necesarios– para procurarse atención por sus propios medios, sin que ello desajuste su presupuesto familiar. Este sector, según diferentes estimaciones, no excede del 6 % de la población, incluyendo a los que tienen un seguro privado.

Los verdaderos beneficiarios son los salvadoreños que, sacrificando otras necesidades básicas como vivienda, educación y hasta alimentación, deciden hacer uso de atención privada. Este sector no excede del 11 % de la población. Aunque el control de precios les favorece, debe señalarse que estos dos sectores subsidian de su propio bolsillo al Sistema Nacional de Salud, con una suma que asciende a $574 millones (gasto privado en salud) de un total de $1,564 millones, que es el gasto total en salud por año, según datos oficiales. Contrariamente a lo que se esperaría, el presupuesto de salud asignado a medicamentos tiende a la baja en los últimos años, estimulando de este modo el gasto del propio bolsillo de los pacientes.