A raíz de la negativa gubernamental a reconocer un fallo arbitral internacional sobre el esquema accionario de LaGeo, se ha abierto en el país un intenso debate político y jurídico que en el fondo se refiere a la forma en que la CEL viene operando desde hace mucho tiempo. No es secreto para nadie que tradicionalmente algunas entidades autónomas con significativos ingresos han servido para canalizar fondos hacia las arcas del poder, no del Gobierno, con todas las distorsiones y vicios que eso trae consigo. Hoy el tema candente está sobre el tapete, y todo hace ver que muchas cosas tendrán que salir a la luz, en un destape sin precedentes.

En términos generales, la tendencia actual es a descorrer cortinas que hasta hace poco estaban bien atadas. Temas como el del funcionamiento de las empresas Alba y el de la puesta en marcha de la ley de medicamentos están a la orden del día, con sus diversas implicaciones. Y lo que se percibe en general es que ya nada de lo que verdaderamente importa puede hacerse y quedar a la sombra, como ocurría en el pasado. Esta es una dinámica que puede parecer traumatizante, porque hay muchos intereses en acción, pero que realmente responde a los ejercicios que trae consigo el desenvolvimiento natural del proceso en que nos hallamos inmersos como país.

En el fondo, lo que se debate y está en juego es la vigencia real del Estado de Derecho, en sus múltiples incidencias sobre la realidad nacional. En el caso de Enel, por ejemplo, lo conducente hubiera sido emprender oportunamente las acciones sobre la legalidad del contrato cuestionado, en vez de esperar a que hubiera fallos internacionales en contra para esgrimir la negativa a cumplir lo pactado. Es muy importante reconocer que los intereses nacionales no se pueden hacer valer arbitrariamente, y que dichos intereses nunca deben chocar contra la seguridad jurídica, que es tan vital para el sano y efectivo desarrollo nacional.

Uno de los signos más alentadores del avance que va teniendo en nuestro ambiente el ejercicio democratizador consiste en el estrechamiento progresivo de los márgenes de arbitrariedad en todos los órdenes del quehacer tanto público como privado. Esto requiere que todas las actividades que se producen en el ambiente, sean de la naturaleza que fueren, estén marcadas con el sello de la legalidad. Es algo que venimos necesitando desde siempre, para poder funcionar como sociedad moderna y orientada de veras hacia el desarrollo. Y hay que reconocer que únicamente la democracia en movimiento genera tal efecto remodelador.

Sólo con una institucionalidad inequívocamente enmarcada por las líneas del sistema legal es posible asegurar que haya progreso confiable y sostenible para todos. En otras palabras, el desarrollo, la legalidad y la transparencia van de la mano en la ruta que el país necesita y merece. A pesar de las resistencias y los obstáculos que se presentan en el día a día, por esa ruta vamos en camino, y aunque muchas de las cosas por hacer debieron haber sido hechas en el curso del tiempo, lo más importante ahora es no continuar aumentando los déficits de acción oportuna, para garantizar que haya vía libre en los esfuerzos de la modernización.

Insistimos en el imperativo de ir consolidando de manera sistemática y evidente el Estado de Derecho, a fin de que todas las dinámicas nacionales se muevan con seguridad en una misma dirección hacia el futuro. Esta es tarea de la que nadie puede excluirse o ser excluido.