Independientemente de que se trate de un negocio más productivo que el tráfico de armas y drogas, lo cierto es que la población salvadoreña ha estado desde hace décadas sometida al dictado de la industria química farmacéutica y los consorcios de los laboratorios médicos internacionales, en lo relativo a los altos costos de los medicamentos y a la calidad de los mismos.

El anteproyecto de la Ley de Medicamentos, presentado a la Asamblea Legislativa por la magnífica exrectora de la Universidad de El Salvador y actual ministra de Salud, Dra. María Isabel Rodríguez, luego de arduos procesos de negociación y presión popular, alcanzó un consenso legislativo que lo convirtió en ley, y es uno de los logros más significativos de la actual gestión presidencial.

El doctor Eduardo Antonio Espinoza Fiallos, viceministro de Salud y artífice de esta ley, señala que para entender la naturaleza de la actual Reforma de Salud es necesario conocer el contexto en que se inscribe, caracterizado por 50 años de dictadura militar, desde los años treinta hasta finales de los ochenta, seguidos de 20 años de gobiernos neoliberales que finalizaron en 2009. La dictadura fue el instrumento de un grupúsculo de terratenientes para perpetuar la concentración de la riqueza producida por un modelo agroexportador basado en los monocultivos, generando paralelamente la exclusión de amplios contingentes poblacionales especialmente de las zonas rurales, convirtiendo el nuestro como uno de los países más inequitativos del planeta.

El sistema de salud se configuró como una precaria red de servicios focalizada en las enfermedades de los pobres que a mediados de los años cincuenta y sesenta se incrementó con la instauración de un sistema de seguridad social cuya cobertura nunca superó un 20 % de la población, ideado para garantizar la productividad de la fuerza laboral empleada en un incipiente proceso de industrialización iniciado para contener las crecientes protestas sociales y posibilitar la reinversión de las ganancias acumuladas por los terratenientes.

La política pública de salud del actual Gobierno busca garantizar el Derecho a la Salud a toda la población salvadoreña, rechazando la mercantilización de la salud e identificándose con una concepción de esta como bien público y como derecho humano fundamental. En este marco, la Reforma de Salud identifica ocho ejes estratégicos: Desarrollo de Redes integrales e integradas de servicios de salud; Sistema Nacional de Emergencias Médicas; Medicamentos y Vacunas; Trabajo intersectorial para enfrentar la determinación social de la salud; creación del Instituto Nacional de Salud; implementación del Foro Nacional de Salud; Desarrollo de los Recursos Humanos y Sistema Único de Información en Salud.

El proceso de esta reforma, desarrollado en un contexto económico nacional e internacional adverso, ha resultado exitoso y ejemplarizante en el ámbito latinoamericano.

Los medicamentos dejan de ser dolores de cabeza a la economía hogareña y ahora se vuelven verdaderos refuerzos y ayuda a la salud.