Hace ya casi un año que surgió en el ambiente, como una novedad inesperada, la llamada tregua entre pandillas, destinada a establecer entre las principales de ellas una especie de entendimiento para no continuar matándose entre sí. La iniciativa tuvo dos padrinos visibles: el obispo castrense y un ciudadano que fue figura de la antigua guerrilla. Desde un comienzo hubo muchas vaguedades respecto de los verdaderos orígenes de tal iniciativa y sobre los hilos que la movían, y eso ha producido una serie de resistencias y rechazos, que sin duda obstaculizan las posibilidades de que por esa vía se pueda avanzar de manera franca y normal.

Entre los resultados más visibles de la mencionada tregua está la disminución de homicidios en el país, lo cual desde luego es un dato muy significativo. Pero la estadística, que también ha sido cuestionada, no basta por sí sola para que las percepciones sobre el fenómeno se clarifiquen de manera suficiente. Se requiere que se vaya dando un cambio verificable en la atmósfera de la seguridad ciudadana, y eso exige que haya una dinámica progresiva de mejoramiento a la vez que un clima institucional que haga confiable el desenvolvimiento del proceso en su conjunto. La misma palabra “tregua” tiene una provisionalidad que en nada ayuda a la confianza.

En todo caso, habría que valorar el hecho de que exista una iniciativa como ésta, que rompe el círculo cerrado en el que estaban arrinconadas las prácticas de lucha contra el acontecer delincuencial. El hecho de reconocer implícitamente que el desafío va más allá de los ámbitos de la seguridad pública ya es ganancia que habría que potenciar y desarrollar en el terreno de las realidades. Como en todo, la pregunta clave en estos momentos es: ¿Qué hacer para que las acciones dispersas se articulen de manera apropiada al desafío al que deben responder? Y, en primer lugar, surge una palabra clave: institucionalización. La llamada “tregua” tendría que ir avanzando hacia el tratamiento integrado, completo e institucional de dicha problemática. De nada sirve estar en el forcejeo entre quienes satanizan el esfuerzo y quienes lo idealizan. Hay que contar con una base de diagnóstico, con la ubicación del esfuerzo en la plataforma institucional correspondiente y con una especie de plan gerencial para permitir la salida de los que ya están en la trampa pandilleril y evitar que la población infantil y juvenil en riesgo llegue a caer en dicha trampa. En otras palabras: habría que pasar del plano de las voluntades contingenciales al nivel de los esquemas objetivos.

Es claro que en todo este empeño se tiene que dar una estrecha colaboración de base entre la institucionalidad y los actores sociales. Y en este punto también hay que desmontar prejuicios, sobre todo respecto del papel institucional. Cuando se dan fenómenos tan complejos y acuciantes como el de las pandillas, que cada vez más han venido asumiendo formas delincuenciales, hay que generar progresivamente mecanismos flexibles que eviten dos extremos perversos: quebrantar la legalidad en forma irresponsable o erigir la ley en valladar insalvable para entrar en dinamismos novedosos. Eso demanda inteligencia, prudencia, creatividad y efectividad.

Todo este esfuerzo está hoy en riesgo de colapsar si no se entra a la fase de institucionalización que mencionábamos. Institucionalización que no significa, desde luego, burocratización. Se tendría que realizar un análisis amplio y profundo, con miras a diseñar sólidas estrategias de seguimiento.