No hay que perder de vista que nuestra ley al definir quién debe entenderse por consumidor lo hace de manera tan genérica que prácticamente todos –personas naturales y jurídicas– podemos ser calificados como tales. Dada tal peculiaridad, la necesidad de comprender adecuadamente las reformas es más notoria. Resulta imposible referirnos a todas las reformas en esta oportunidad, por lo que nos limitaremos a hacer alusión a aquellas que nos merecen mayor atención.

En primer lugar destaca el denominado “derecho de retracto”, en virtud del cual el consumidor puede dejar sin efecto el contrato, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna. Este derecho puede ser ejercido en tres casos: a) cuando se compran bienes o servicios fuera del establecimiento comercial del proveedor; b) cuando se celebran contratos sin la presencia física simultánea de los contratantes; y c) cuando el proveedor mismo así lo haya indicado. En cualquier caso, el consumidor puede retractarse en un plazo de 8 días contados a partir de celebrado el contrato. Una vez el consumidor ha ejercido este derecho, el proveedor está obligado a devolver lo recibido. Mientras no haya transcurrido ese plazo de 8 días, el contrato celebrado no se entiende perfeccionado, lo cual entraña una radical modificación al régimen de perfeccionamiento de los contratos.

En segundo lugar destaca el “derecho a darse de baja”. En virtud de este, el consumidor tiene derecho a exigir la cancelación o darse de baja de la prestación de un bien o servicio continuo o de tracto sucesivo, con las mismas facilidades que tuvo para contratar. Los proveedores no solo están obligados a permitir que esto ocurra, sino también a facilitarlo y a informar al consumidor sobre el procedimiento para ejercer este derecho.

En tercer lugar se modifica el régimen relacionado con las ventas garantizadas. A partir de las reformas, en cualquier compraventa de bienes muebles no perecederos, el proveedor está obligado a garantizar la calidad y funcionamiento de los mismos, añadiéndose que el plazo de esa garantía, como los requisitos para hacerla valer, serán identificados en una norma técnica que a esta fecha aún no existe pero que ya está siendo elaborada. Los defectos o deficiencias podrán ser comunicados por cualquier medio que garantice constancia de recepción dentro de un plazo máximo de 30 días, modificándose el plazo y requisitos que ya establecía el Código de Comercio. Las reformas no dejan claro cuáles serán las consecuencias si no se observa el plazo que se establece para ejercer este derecho.

Por último destaca la posibilidad que el Tribunal Sancionador dicte resoluciones en las que no solo imponga sanciones pecuniarias al proveedor que incumple con la normativa, sino también ordene dar, hacer o entregar algo al consumidor para reponer la situación alterada por el ilícito cometido.

Muchas consideraciones hay que hacer sobre las consecuencias económicas de estas reformas, pero de todas formas nos parece que se perdió una excelente oportunidad para volver más eficaz esta normativa. Esta era la oportunidad de aclarar de una vez por todas que la Defensoría del Consumidor no puede ni debe ser la única autoridad facultada para aplicar la ley. Por ejemplo, si hay una cláusula abusiva contenida en un contrato, ¿quién puede o debe declarar la nulidad de la referida cláusula?; ¿quién puede o debe dejarla sin efecto? Es claro que en estos casos se requiere auxilio judicial, pero eso no quedó aclarado.