Los incentivos brindados por el ordenamiento jurídico al inversionista revisten de una vital importancia, pudiendo generarse incluso una ventaja competitiva para un país con base en estos.

El Órgano Ejecutivo ha presentado iniciativas de una serie de incentivos a aquellos que deseen invertir en El Salvador. Entre las propuestas se encuentra el anteproyecto de Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones, cuyo objeto primordial es la implementación de Contratos de Estabilidad Jurídica que ofrezcan garantías establecidas en el referido proyecto.

Los sujetos de aplicación son las personas jurídicas nacionales o extranjeras que realicen nuevas inversiones o amplíen las existentes para desarrollar proyectos en aeronáutica, agricultura, acuicultura, electrónica, energía, infraestructura estratégica, logística, servicios de salud y empresariales a distancia, turismo, telecomunicaciones y manufactura diversa; y cuya inversión en activos fijos sea de por lo menos 9,200 salarios mínimos de la industria (poco más de $2 millones) a ejecutarse en tres años.

Cuando la inversión supere los 46,100 salarios mínimos (más de $10 millones), puede ampliarse el término para la ejecución de la inversión a cinco años, y ampliarse el plazo máximo no prorrogable del contrato, a 20 años. El plazo por regla general es de 10 años, salvo la excepción mencionada.

¿Qué garantiza la ley a los inversionistas? Fundamentalmente, mantener inalterables las condiciones legales que existían al momento de suscribirse el contrato en las áreas definidas previamente; es decir, estabilidad en el régimen jurídico de impuestos y exenciones en el plano nacional y municipal (salvo los impuestos indirectos y aquellos establecidos posteriormente a la firma del contrato), estabilidad de los regímenes aduaneros, estabilidad de libre transferencia al exterior de fondos provenientes de inversiones extranjeras y estabilidad de trámites migratorios para el inversionista.

Podríamos ilustrar lo anterior como una fotografía del marco jurídico plasmado en el contrato, lo cual, salvo excepciones, como la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, se mantendría inmutable para el beneficiario.

Otra cuestión importante es la estructura bipartita para la implementación. Existe una aprobación de alto nivel, brindada por la autoridad máxima de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones, quien una vez cumplidos los requisitos (sector en que se realizará la inversión, monto y plazo de ejecución) debe aprobar la suscripción; posteriormente, la suscripción y posterior administración por la parte estatal correspondería al Ministerio de Economía.

Este tipo de legislación es común entre países latinoamericanos con altos niveles de inversión y marcos jurídicos modernos, como Panamá, Perú y Colombia. Independientemente de otros factores que inciden directamente en la inversión, no cabe duda de que este tipo de iniciativas debería generar un impacto positivo en la economía de nuestro país.