Uno de los obstáculos más grandes que viene teniendo que enfrentar el desarrollo en nuestro país es la falta de entendimiento y colaboración entre el sector público y el sector privado. En épocas pasadas, tampoco hubo un ejercicio de interacción sana entre ambos sectores, pues más bien las relaciones estaban basadas en intereses particulares y no en el bien común. En esta fase de alternancia en la conducción política, los viejos vicios han dado paso a nuevos errores; y el principal de ellos es el atrincheramiento de posiciones, cuando lo que se necesita con creciente urgencia es que todos unan fuerzas y esfuerzos para salir adelante, como sectores y como nación.

Ahora mismo está empezando a analizarse en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Asocios Público Privados, y lo que se espera es que resulte una legislación suficientemente habilitada para responder a los retos del presente, sin prejuicios ideológicos pasados de moda y con capacidad para generar verdaderas oportunidades de crecimiento y de modernización. Insistimos en el imperativo de superar prejuicios porque ahí ha estado una de las principales retrancas de la dinamización económica en consonancia con las realidades del fenómeno actual, tanto nacional como internacional.

El caso del Puerto de La Unión se ha vuelto emblemático al respecto. En vez de construir una alianza público privada que pusiera en primera línea el beneficio-país, se ha dejado estar el proyecto porque el Estado insiste en llevarse la mejor parte. Una de las ventajas de los asocios público privados, cuando se construyen y se manejan en forma debida, controlable y visionaria, es que se le van colocando barreras a la tradicional impunidad de los intereses tanto públicos como privados. Es hora de que las estrategias nacionales se pongan al día, y al ritmo de la evolución, que hoy es una corriente común que ya no permite desconectar lo nacional de lo global.

Es comprensible que una legislación como la que está en análisis sea revisada y medida con lupa, pero no para dejarla convertida en un remedo de sí misma, como tantas veces ha ocurrido cuando se trata de cuestiones vitales para el ordenamiento y para el crecimiento. Los liderazgos nacionales están en el deber de abrir las mentes y de preparar las voluntades para proveerle impulsos e insumos al desarrollo. Se habla en forma genérica de estimular la inversión y de propiciar el empleo; pues bien, es hora de que se pase de las generalidades a las concreciones, y esto sólo se logra cuando se transita de las palabras a los hechos. No hay que tenerle miedo al concurso de energías, sino hacerlo posible sobre bases realistas y seguras.

Nuestro país está emproblemado casi en todo, y la gran mayoría de esos problemas son solucionables haciendo valer esquemas estratégicos que rompan esquemas sin convertirse en fantasías perversas, como son las que produce el populismo en todas sus formas. Si lo público y lo privado se entienden de manera sana y mutuamente productiva, las fórmulas de tratamiento y de solución van apareciendo de manera progresiva. Es cuestión de salir de los rancios encierros para tener a la mano el horizonte compartido de una vida mejor para el país y para su gente.

Ojalá que la Ley de Asocios PúblicoPrivados sea la que nuestro desarrollo necesita y que su puesta en práctica corresponda a las oportunidades del presente. Tenemos que aprovechar el momento, por responsabilidad y por competitividad.