Sucede que, en Costa Rica, una mayoría parlamentaria simple decidió no renovarle el nombramiento al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Fernando Cruz, quizá el más independiente de todos. Aunque los nombramientos de los magistrados en ese país son por ocho años, jamás había ocurrido que el Congreso no le renovara su mandato a un magistrado de esa sala.

Lo peor ocurrió después: el jefe de fracción del partido gobernante Liberación Nacional se acercó a los periodistas y les dijo que eso era un mensaje contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Advirtió que irían tumbando uno a uno, si no se portaban bien.

Entonces ardió Troya. Medio mundo se levantó de sus sillas y comenzó a protestar, con trajes negros, ante la Asamblea Legislativa. Apareció la rabia contra la clase política. También surgieron chismorreos, con estilo cáustico, contra otros, incluida la presidenta Laura Chinchilla. Las sospechas de lo que sucedió caminan, como sombras, por la Casa Presidencial. Algo huele feo en eso.

Conozco a Fernando Cruz. Fue mi profesor en casi todas las materias de derecho penal. Es el padre académico de al menos dos buenas generaciones de abogados.

También es mi amigo. Lo es desde hace muchísimos años. Por eso sé que es un hombre honrado, un estudioso que nadie puede manejar.

A Fernando trataron de pasarle el serrucho porque no votó, de acuerdo con lo que quería una parte de la clase política, algunas resoluciones sobre temas sensibles como una reforma fiscal y algunos otros temas.

Pero, en menos de una semana, los costarricenses despedazaron la mayoría simple que intentó derrocar a Fernando Cruz. Los diputados que apoyan lo que en ese país también se llama “golpe de Estado técnico” se enflaquecieron. Muchos retiraron sus votos. Y las protestas han sido tales que la propia Sala de lo Constitucional reinstaló al magistrado y el Congreso aceptó dejar, en manos de los magistrados, la solución al problema. El pueblo, y los medios de comunicación, hincaron a los “golpistas”. Los partieron en mil pedazos.

¿Por qué retomo el caso de Costa Rica? Porque hay que repetir, una y otra vez, que algunos de los problemas más graves de los centroamericanos están conectados, y se originan, en la interpretación del derecho constitucional. No hay un solo país centroamericano que se hubiese escapado de los terremotos creados por la adecuada, o no, interpretación de ese derecho.

Pero hay algo peor: ya van al menos dos países centroamericanos en los que se intenta derrocar a magistrados de la Sala de lo Constitucional alegando, los diputados, vacíos y conflictos entre poderes del Estado. Desgraciadamente El Salvador es pionero en ese tema.

Hay que aceptar que, desde el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, y aun antes, estallaron los conflictos por interpretación de las constituciones centroamericanas. Nadie se ha escapado al torbellino.

Si alguna crisis no fuimos capaces de ver, y vaticinar, los centroamericanos, fueron las derivadas de la Constitución y el papel de las salas constitucionales. Lo peor de todo es que no hay un solo organismo centroamericano que esté dedicado a estudiar y encontrar soluciones en esas materias.

La institucionalidad centroamericana no quiere meterse en el asunto porque los patronos de esas entidades son los propios gobernantes. Tampoco está en sus mandatos. Son temas nuevos.

Y en algunos casos son esos mandatarios quienes provocan las crisis y los incendios en el derecho constitucional en cada uno de sus países. Irónicamente el único que no necesita meter las manos en esa materia es Daniel Ortega porque todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son sus empleados y los designó con su dedo elector. El derecho constitucional siempre será el que él diga.

No sé por qué no que quiere entender: Centroamérica necesita crear centros de estudio e instancias que resguarden el derecho constitucional. ¡Hasta en Costa Rica aparecieron los golpistas! La diferencia es que ahí los pararon en menos de una semana. A nosotros nos costó meses enteros.