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Persistentes. Los vendedores se las han arreglado para no dejar de visitar las calles que tienen prohibidas.

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  • Persistentes. Los vendedores se las han arreglado para no dejar de visitar las calles que tienen prohibidas.

  • Resistencia. Los vendedores desalojados han vuelto a ocupar las 33 cuadras de la calle Arce que les expropiaron. A falta de puestos, usan sombrillas, plásticos y tarimas.

  • Desacatos. Cuando un vendedor se resiste a dejar una zona recuperada, los agentes del CAM le decomisan su mercadería. Para recuperarla debe pagar una multa.

  • Ingresos. Un vendedor ambulante puede obtener ganancias netas que van desde los $7 hasta los $40 por día.

  • Organizados. Hay al menos 53 asociaciones formadas por vendedores en el centro de San Salvador. Algunas de ellas están compuestas por hasta 1,000 integrantes.

  • Procedencia. Según la Alcaldía de San Salvador, de cada 100 vendedores ambulantes en el centro de San Salvador, 95 viven fuera del departamento.

Persistentes. Los vendedores se las han arreglado para no dejar de visitar las calles que tienen prohibidas.
Esta calle, hace cuatro meses, acaparó la programación de la televisión nacional. En la pantalla se proyectaban imágenes intermitentes de incendios, piedras y palos voladores. Aparecían lluvias de esquirlas de vidrio, gente iracunda que gritaba y golpeaba y un caos digno del enfrentamiento final de una película épica; aunque de final no tenía nada. Más bien era una batalla que se ha refrito durante años.

Esa noche de finales de octubre de 2012 la calle Arce fue el epicentro de un enésimo intento por desalojar vendedores. El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Unidad de Mantenimiento del Orden de la policía formaron barricadas y sacaron hasta al último de los que se resistían a dejar sus puestos. Desintegraron estructuras con pisos de cerámica y techos con cielo falso, algunas incluso tenían inodoros y hasta aire acondicionado. Los dueños de esos puestos que fueron triturados lloraron, pidieron ayuda, insultaron y aseguraron que el desalojo les traería un destino fatal.

Ahora, esos mismos dueños han vuelto con sus ventas. Han reemplazado sus puestos con sombrillas grandes de colores y en lugar de pisos de cerámica están sobre tarimas de madera. Han regresado como lo han hecho desde los años sesenta, cuando pelearon por primera vez por ese pedazo de vía pública que defienden como de su propiedad.

El primer alcalde en prohibirles que se propagaran por las calles del centro de San Salvador fue José Napoleón Duarte en 1964, pero lo vencieron. Luego, Antonio Morales Ehrlich les propuso, en 1984, cerrar el paso de vehículos en un tramo extenso de calle para concentrarlos en un bazar, pero se le escabulleron y se plantaron donde quisieron.

Después, Armando Calderón Sol propuso un plan en 1989 que regularía el uso de las calles y aceras del centro, y Mario Valiente le dio continuidad en 1994 con algunos intentos de desalojo. Pero volvieron a armarse de palos y piedras y no cedieron ni centímetros.

Más tarde, Héctor Silva los trató con más aplomo desde 2001. Creó una comisión para rescatar el centro. Pidió refuerzos a la UMO y fue menos condescendiente, pero le respondieron con demandas legales y con más protestas. En seguida, Carlos Rivas Zamora propuso “edificios multifunción” para que los vendedores colocaran puestos y viviendas en el mismo lugar al tiempo que continuó con los tradicionales desalojos en 2004 y 2005, pero acabaron en un intercambio de balas.

Con el mismo afán de sus antecesores, Violeta Menjívar prefirió el diálogo y se ganó la simpatía de algunos. En 2007 logró el retiro voluntario de unos cuantos y los reubicó. Sin embargo, al poco tiempo se mostraron inconformes y regresaron a las calles. Y aunque el actual alcalde, Norman Quijano, el adversario de turno, ha logrado derribar las estructuras de cientos de puestos y ha nombrado estos alrededores como “zona recuperada”, los vendedores siguen ahí. No se han ido ni parecen tener intenciones de irse.

Después de los desalojos, lo que más detestan los vendedores es al camión del CAM. Porque si están varados en las supuestas “zonas recuperadas”, ese camión es en donde los agentes meten las blusas, los chocolates, las sandalias y los trastos que les decomisan. Son las 10 de la mañana y el camión empieza su segundo recorrido del día por la calle Arce y sus alrededores.

Avanza en esta calle a vuelta de llanta. Ignora las cuadras que están tupidas con ringleras de sombrillas abiertas y avanza rumbo a la Plaza de la Salud. En el camino encuentra decenas de vendedores que andan con sus carretillas y bultos en los brazos. Como los comerciantes saben que están en tramos prohibidos, se dispersan antes de ser perseguidos por los agentes municipales que vienen a bordo.

El camión llega donde la calle Arce se junta con la 23.ª avenida. La atraviesa y se mete hasta media plaza. Los más de 40 vendedores que están en los alrededores agarran sus carros de supermercado, bolsas, guacales y carretas encopetadas y buscan escurrirse. Los que están más cerca del Hospital Rosales avanzan en dirección al parque Cuscatlán y los que están más próximos a la calle Arce buscan avanzar hacia el Hospital 1.° de Mayo. Cuatro agentes se bajan y empiezan a interceptarlos.

—Señores, o se retiran o nos llevamos sus ventas. Muévanse ya, por favor –dicen dos uniformados, con voz imperante, a un grupo de vendedores que no ha reaccionado a tiempo.

—Ya voy, usted –escupe con tono irascible una veinteañera que tiene una carretilla llena de golosinas.

—Péreme, por favor, que me cuesta agarrar camino con estos monos –dice casi como súplica una vendedora de faldas, quien intenta cargar a la vez varios ganchos de ropa, dos bolsas y a dos niños menores de tres años. Uno de los pequeños perdió un zapato en el primer correteo de la mañana. Patalea y sonríe, como si estuviera por iniciar un juego emocionante.

A regañadientes, la mujer agarra sus faldas, sus ganchos, sus bolsas y a sus niños, y se aleja. Un vendedor de sorbetes de carretón finge que su carga se le ha atorado. Sonríe con malicia y se va a la calle, pero no deja el perímetro de la plaza. Después de 10 minutos, los agentes vuelven a subir al camión y se retiran sin llevarse ni un calcetín. Antes de que el vehículo recorra siquiera 100 metros, los vendedores vuelven a invadir la plaza.

“El trabajo de ellos es sacarnos y el de nosotros, volver”, afirma con entonación triunfal Edgardo Escobar, el vendedor de sorbetes. “A mí es raro que me quiten. Ya me pueden que aquí paso todo el día”, agrega. Dice que su clave para que no lo tengan en la mira es no insultarlos, y que así se ha escapado docenas de veces de que le decomisen su carretón.

No han pasado ni 10 minutos desde que el camión se retiró y otra vez la Plaza de la Salud está atiborrada de ventas. Lo que los vendedores tienen con la alcaldía parece más un juego de corre-corre. Esta “zona recuperada” solo lo es durante el poco tiempo en el que el camión de los decomisos permanece estacionado aquí, con el motor en marcha.

Cuando los enfrentamientos históricos entre alcaldes y vendedores iniciaron, Edgardo –el vendedor de sorbetes– era un adolescente que trabajaba en cafetales y cargaba sacos con abono. Vivía en Acajutla y lo más cerca que había estado de San Salvador era la finca de Santa Tecla, hasta donde transportaba los sacos. Por ese tiempo, en 1964, sucedió el primer esfuerzo encaminado a que los vendedores ambulantes dejaran las calles del centro de la capital. Aunque las calles del centro empezaron a poblarse con vendedores desde 1920 —según los registros del Centro de Documentación de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL)—, fue hasta 44 años después que su presencia se reconoció como un problema. José Napoleón Duarte, el entonces alcalde por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), les ordenó que se retiraran de al menos cinco vías importantes del centro.

Los vendedores tenían hasta el 10 de septiembre de ese año para desalojar, según los archivos de LA PRENSA GRÁFICA, pero decidieron resistirse. Iniciaron una guerra fría con quejas y peticiones de respaldo a los adversarios políticos de Duarte. Y cuando el alcalde decidió hacer el primer movimiento por desalojarlos, el enfrentamiento se calentó en la primera lluvia de palos, piedras y balas en contra de la entonces Policía Nacional. Eso se tradujo en dos personas muertas y varias heridas.

Edgardo dice que ni se enteró de ese incidente. Hoy también confiesa, mientras acomoda el hielo que mantiene escarchado su sorbete, que nunca se imaginó como vendedor. Dice que se lanzó a las calles en 2002, cuando se dio cuenta de que solo ganaría $65 por su trabajo como cargador. Decidió empezar con minutas, hasta que se quedó con el carretón de sorbetes. Y dice que no piensa dejar de venderlos. “Para qué me voy a ir a matar por pinches $65 si al sorbete le saco $50 al día y dándolo barato. Si diera un poquito más caro, bien me hiciera hasta $80 por cumbada”, asegura.

También dice que gasta un aproximado de $15 en fabricarlo, por lo que le queda una ganancia diaria de por lo menos $35, si lo vende todo. Al mes estaría recolectando $1,050. Esa cantidad es más de cuatro veces lo que gana —en el mismo período— un mesero que reciba el salario mínimo en algún restaurante de comida rápida. A diferencia del mesero, quien trabaja por lo menos ocho horas al día, Edgardo dedica un promedio de cinco horas diarias a su venta. Llega a la plaza a las 10 de la mañana y se regresa a San Martín, su nuevo domicilio, a las 3 de la tarde.

—Si le dieran un puesto fijo, ¿aceptaría? –es la pregunta para Edgardo.

—Solo si me lo dieran aquí donde estoy. Si me van a recular en un pedazo donde no pasan ni moscas, de nada me sirve. Nosotros necesitamos estar donde pasa la gente –responde con una expresión de indignación.

Con esa misma indignación enfrentaron los vendedores, en 1986, al alcalde Antonio Morales Ehrlich –también del PDC– cuando les pareció insuficiente la alternativa que les había otorgado. El funcionario pensó que la solución más viable era concentrar en una sola calle a todos los vendedores que andaban desperdigados por el centro. Así que decidió cerrar el paso de vehículos en varias cuadras de la calle Arce, a partir del parque Hula Hula, y convenció a más de 1,000 vendedores de que se ubicaran en ese espacio. Así convirtió la calle en una especie de megabazar al que bautizó como La Peatonal.

Antes de que la terminara, ocurrió el terremoto del 10 de octubre y le detuvo los intentos por ordenar a los vendedores. Después del desastre, los vendedores se apropiaron de más calles y, como costumbre, no hubo intento de desalojo que resultara exitoso. “Fue una profunda sensación de que todos los proyectos que teníamos se habían venido abajo”, mencionó al respecto Morales Ehrlich hace seis años a este periódico.

Edgardo asegura con la cara seria y el entrecejo fruncido –como con fines de parecer más convincente– que no ha participado en ninguna protesta violenta. También repite hasta el cansancio que no cederá. En unos minutos repetirá el discurso que se ha repetido como producción en serie desde hace décadas. Dirá que no le pueden negar el derecho a sobrevivir, que sin su venta no tendría qué comer, que ya está viejo y que la calle es “libre”.

Además de palos, piedras y vidrios, hace 18 semanas también llovieron declaraciones provocadas por los desalojos. Los vendedores hablaban de todas las mujeres pobres y solas que subsistían solo gracias a sus ventas. También destacaban sus roles de padre, madre y proveedora. Algunos hasta pidieron la intervención de la primera dama de la República, Vanda Pignato, para que detuviera la demolición que, según ellos, significaría su ruina.

Hoy Edgardo asegura –con los brazos apoyados en su carretón de sorbetes– que ese 26 de octubre de 2012 estaba en su casa. Dice que vio la trifulca por televisión y que días después, cuando la alcaldía habilitó el paso por la calle, decidió recorrer esas 33 cuadras que volvieron a estar libres después de 26 años. “Ese champerío ni dejaba pasar a la gente. Ahora se ve más bonito”, reconoce. También menciona que ni en sueños hubiera adquirido alguna de esas galeras que terminaron como chatarra. Dice que los precios eran muy altos.

Asegura que si alguien planeaba alquilar alguno de esos puestos tenía que disponer de hasta $500 mensuales. Con esa cantidad podría alquilarse un consultorio de 100 metros cuadrados en la colonia Médica. Y por $100 menos se puede adquirir un local comercial —de unos 50 metros cuadrados— en la colonia Escalón. “A una babosa le daban $5,000 por el puesto, pero no quería. Cuando vino a sentir se lo volaron y ahora se anda lamentando”, remacha. Más tarde, algunos de esos vendedores que no pudieron evitar que sus puestos fueran triturados dirán que solo en materiales para construir sus puestos habían invertido más de $2,000.

Las pérdidas fueron evidentes, pero también hubo otro bando que creyó haber ganado un poco con el desalojo. Los locales comerciales que están varias cuadras abajo de la plaza de la Salud eran ahogados por los puestos a media calle. Cuando las máquinas los fueron devorando, esos comercios formales sintieron respirar. Juan Martínez, un vigilante robusto y moreno, cree que los desalojos han sido lo mejor que le ha pasado al almacén de ropa al por mayor que debe cuidar. “Como ya no están los puestos, han entrado más clientes. Desde hace años se tenía que haber hecho esto”, asegura.

Desde los inicios del fenómeno de las ventas callejeras –que creció como con levadura en las narices de un manojo de alcaldes— los comercios formales exigieron, insistieron y hasta suplicaron por un orden que no aparecía. En sus intentos por procurarlo, Armando Calderón Sol –alcalde por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)– propició, en 1989, el Plan de Renovación Urbana del Distrito Comercial Central. Lo que pretendía era regular el uso de las calles y las aceras del centro. Así, los comercios formales podrían recuperar visibilidad. Sin embargo, no pudo concretarlo en hechos.

Cinco años más tarde, en 1994, Mario Valiente —también de ARENA— retomó ese plan de reordenamiento y lo llevó a la práctica. Pero sus estrategias solo estimularon más enfrentamientos. Al día siguiente de que eran desalojados, los vendedores volvían a ubicarse en las mismas calles y plazas. Para dejar claro que no cederían, usaban su recurrente método del palo y la piedra.

Conforme avanzaron las décadas, algunos negocios formales no sobrevivieron, y otros huyeron del desorden y la persistencia de los vendedores ambulantes. Buscaron espacios en otros lugares con menos alborotos. Así se fueron vaciando algunos lugares diseñados para el comercio. Esta vez, edificios vecinos de las 33 cuadras “recuperadas” también tenían varios locales vacíos. Ahora, la mayoría de esos espacios –cuyo alquiler cuesta entre $300 y $600– están ocupados por algunos de los vendedores que, desde la calle, competían contra los antiguos inquilinos.

El resto que no ha podido —o no ha querido— encontrar un espacio mejor que un pedazo de acera asegura que no se irá. Para retirarse de estas 33 cuadras, que lo único que recuperaron fue un poco más espacio y visibilidad, los vendedores piden que les entreguen “alternativas reales”. Eso que se entiende como “real” cambia según el vendedor y la zona en la que se le consulte. Algunas hasta suenan utópicas y contradictorias.

Hace dos días, unas cuadras más abajo del edificio saturado con ropa que cuida Juan –el vigilante–, un grupo de vendedores aseguraba tener claro lo que quieren los más de 30,000 vendedores ambulantes de San Salvador. En un pedazo de acera de la 7.ª avenida sur, Dagoberto Belloso, quien durante 14 años presidió una de las directivas de vendedores que operaba en la zona, rezaba un rosario de exigencias.

“Antes de habernos quitado, (el alcalde) tenía que haber hecho unos tres o cuatro mercados donde cupiera toda la gente”, aseguró mientras promovía camisas, plumones y películas que tenía tendidas sobre unas tablas. Mencionó que esos mercados deberían ser espaciosos, con todos los servicios básicos, con buena pinta y hasta con guarderías a tiempo completo. También aclaró que deberían tener una ubicación donde transiten suficientes peatones.

Hace años, los vendedores también hicieron exigencias a Héctor Silva, alcalde por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pero nunca se alcanzaron acuerdos. De julio a noviembre de 2001, Silva realizó desalojos –más aplomados que los de sus antecesores– en al menos nueve calles del centro. Esa vez, además de obstaculizar calles y quemar llantas, los vendedores denunciaron al alcalde ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se quejaban de la violencia que había utilizado y, al mismo tiempo, se enfrentaban contra otros vendedores que no estaban desalojados. En una caricatura de esa época incluso se retrató a Silva protagonizando aquel pasaje de la historia bíblica en la que Jesucristo retira a los comerciantes que se habían tomado un templo.

Y con los siguientes dos alcaldes, la historia cansina se mantuvo fiel a su guion. Con Rivas Zamora hubo un muerto y 33 heridos en el peor de los enfrentamientos. Y con Violeta Menjívar el mayor de los éxitos fue remover a 191 vendedores de las aceras del Palacio Nacional, 191 de una masa que se calcula en 30,000.

Dagoberto Belloso es como un cacique en la 7.ª avenida sur. Aunque niegue formar parte de una directiva, el resto de vendedores dice que los representa. Junto con su esposa administraba dos puestos que también fueron destrozados. Y como él y otros se han reacomodado en las proximidades de la bodega de un supermercado, cada vez que un camión relleno de abarrotes quiere ingresar a descargar, se hace un nudo de productos, carros, gente, ruido, animales y humo.

Hace dos días, mientras los peatones querían seguir su camino, los vendedores saturaban las aceras con las cajas y los guacales que desplazaban para que el camión pudiera entrar de retroceso a la bodega. Los conductores de algunos vehículos que estaban detrás se desesperaban y pitaban por no poder avanzar. El motorista del camión movía el volante milímetros para un lado y centímetros para el otro. Retrocedía un tanto y se adelantaba otro más. Un mal cálculo bien hubiera podido aplastar varias ventas y quizá hasta golpear a más de alguna persona. Y eso pasa más de una vez al día.

Después de que los puestos volvieron a acomodarse como antes, Dagoberto volvió su mirada hacia su hija, una estudiante de Mercadeo Internacional que estaba vendiendo calcetines en la acera de enfrente. Afirmó en tono sufrido que todas las incomodidades que causan las ventas ambulantes son el resultado de la falta de oportunidades. “Si no hubiera tanto desempleo y si los pocos trabajos que hay no tuvieran sueldos de hambre, no hubiera tantos vendedores en las calles”, aseguró.

—Si le ofrecieran un empleo, ¿dejaría de vender? –fue la pregunta para Dagoberto.

—Pienso que si el sueldo fuera de unos $400, lo consideraría. Pero yo hice hasta sexto grado y ahora para pagarte el mínimo te piden ser estudiado. No nos podemos engañar –respondió con desgano.

También dijo que si su hija se gradúa y no encuentra un empleo digno –que para él es sinónimo de bien remunerado–, ya le tiene preparado su pedazo de acera para que venda.

No debe haber ningún vendedor en la vía pública. Eso recalcará mañana Irvin Rodríguez, quien encabeza la comisión de reordenamiento del alcalde de turno, Norman Quijano. Minutos antes de que se reúna con algunos representantes de los vendedores, dirá que la tarea del reordenamiento necesita de la participación de “actores estratégicos de todos los sectores”. También comentará que la alcaldía se encuentra negociando con 53 asociaciones. “Vamos a construir el Hula Hula en su momento... Tenemos el compromiso de desarrollar un centro comercial ahí”, dirá, aunque reconocerá que todavía no saben cuándo iniciarán.

Durante las últimas 16 reuniones, no han dejado de discutir sobre la construcción de ese nuevo mercado. También han hablado de permisos para seguir vendiendo en la “zona recuperada”, y hasta han pedido que les vuelvan a construir galeras en la zona. Eso asegurará Javier Cortez, representante de la Coordinadora Nacional de Vendedores. “Pueden decirle a la gente que desaloje, pueden llevar a la UMO, pueden golpearlos; pero al día siguiente la gente va a volver al lugar y rebuscarse para vender”, advertirá.

En efecto, ninguna negociación ha impedido que los vendedores sigan errantes por las zonas recuperadas. Hoy la calle Arce se ha llenado de más vendedores a medida que el día ha ido avanzando. Cuando faltan 20 minutos para que sean las 4 de la tarde, incluso las áreas más prohibidas están pobladas de comerciantes que esperan a que salga la primera tanda de empleados.

Un grupo de mujeres está ubicado en la acera opuesta a la Basílica del Sagrado Corazón, siempre en la calle Arce. Como los agentes del CAM no se han asomado, deciden bromear para endulzar la espera de sus clientes potenciales.

—Bueno, ¿y usted qué hace en esta cuadra? ¿Quiere tener problemas? –se exalta una mujer blanca de cabello amarillento que vende blusas.

—No, por favor, señora, no me quite la mercadería –sobreactúa una morena de caderas amplias que vende ropa interior.

Las dos ríen.

—Pero si de verdad fuera un CAM, ya estuvieras en la otra cuadra, ¿va?

—¿Y vos no, me vas a decir?

Endurecen la expresión y hablan de las medias docenas de calzoncillos, los tres pares de sandalias y de las botellas de jugo que, aseguran, terminan siendo hurtadas por los agentes del CAM tras los decomisos. Dicen que es raro el vendedor que reciba su mercadería intacta después de un decomiso. Irvin Rodríguez, por su parte, dirá que si la mercadería no se ha entregado completa alguna vez, ha sido porque se debió haber caído en el camino. También aclarará que un vendedor debe primero pagar una multa por vender en zonas no permitidas si quiere que le reintegren la mercadería. Lo que deberá pagar oscila entre $5 y $50.

Llegan las 4 de la tarde. De las oficinas del Ministerio de Salud empiezan a salir decenas de empleados. En la acera hay al menos 10 vendedoras. Cuatro agentes del CAM llegan en segundos.

—Ay, no, usted, no sea malo. Déjenos comprar rapidito –le dice una mujer alhajada a uno de los agentes antes de que moviera a una mujer que ha puesto en el suelo un canasto encopetado de frutas.

El agente le obedece. El resto de vendedoras aprovecha para acercarse más a los empleados. Los interesados se detienen y congestionan la acera. En menos de 10 minutos, la vendedora de fruta se ha quedado con el canasto casi vacío. El resto de mujeres, aunque no con la misma magnitud, también ha vendido. La multitud ya no está.

—Vaya, pues. Ya estuvo bueno. Ahora sí se me mueven o ya saben –trata de imponer uno de los agentes. La mayoría de vendedores cede a las presiones.

Después de 15 minutos, los agentes se retiran. Cuando ya no se ve ningún uniformado, los vendedores vuelven uno a uno. Ese tramo de la calle Arce vuelve a llenarse de canastos, guacales y carretas. Sus dueños esperan a la segunda tanda empleados. Parecen estar dispuestos a seguir este ritmo por tiempo indefinido.