La Mesa Nacional de Transporte, donde se encuentran 10 gremiales de transportistas y representantes del Gobierno, sesionará el próximo martes, confirmaron sus integrantes, esta tarde, luego de una reunión en Casa Presidencial.

Durante los encuentros se establecerá la manera de depositar el pago atrasado y nuevas medidas de transformación del transporte público de pasajeros, aseguró el secretario para Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún.

Asimismo, las autoridades del gobierno solicitaron hoy a los empresarios de las tres gremiales que mantienen un paro indefinido en El Salvador que lo levanten y se integren a la Mesa, con el fin de no afectar a la población.

Además de Hasbún, en la Mesa participan el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; y el viceministro de Transporte, Nelson García.
 
“No vamos a aceptar acciones de hecho para resolver los problemas coyunturales, ese tipo de acciones no las vamos a aceptar nunca”, dijo el ministro de Educación, Hato Hasbún. “Ni ustedes ni nosotros estamos en una situación fácil con amplios espacios, y en el marco de los espacios reducidos que tenemos debemos buscar soluciones”, agregó el funcionario.
 
Las autoridades indicaron que en la última reunión sostenida en la mesa de diálogo llegaron a la acuerdo de buscar solamente el beneficio del usuario, y dijeron que no buscarán una solución coyuntural, sino una solución permanente al conflicto entre el sector transporte y el gobierno.
 
 Por los empresarios del transporte están presentes Rodrigo Contreras Teos (CASIT), Eduardo Mendoza (AETMISAL), Miguel Castañeda (COSET), Luis Valencia (Cámara Tecleña del Transporte), Manuel Gómez (FASEMI), Rafael Argueta (ASTRAO), Delis Reyes y Otilia Argueta (Rutas de Oriente), René Velasco (Rutas del Norte), Edy Rivera (SETCO) y Celina Interiano (ComitéFemenino de Transporte).
 
Las tres gremiales que no asistieron a la reunión de hoy fueron la Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP), la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y la Federación de Cooperativas de Transporte (FECOATRANS), quienes exigen al Gobierno un nuevo diálogo con la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).