Según el organismo regional ese récord lo viene arrastrando el país desde hace ocho años, aunque el estudio que sirvió de base para sustentar la iniciativa Socios para el Crecimiento sostiene que ese bajo desempeño se remonta al año 2000. Yo agregaría que el lento crecimiento se remonta a 1996.

Y ese bajo crecimiento ha girado fundamentalmente alrededor de las remesas y el consumo agregado, dos variables que se retroalimentan recíprocamente. Bajo estas circunstancias el debate sobre el tema de la pobreza cobra otra dimensión, porque las condiciones no han sido las más favorables para generar nuevas oportunidades de empleo, que es un elemento definitorio para atacar la precariedad en que se debaten grandes grupos poblacionales.

Los programas gubernamentales de corte social son por ello esenciales en el tiempo y el espacio. Paradójicamente, el mismo FMI ha venido insistiendo en la necesidad impostergable de reducir o focalizar mejor los subsidios para aminorar las dificultades fiscales. Pero el problema de la pobreza no podemos obviarlo. Por eso son importantes la ayuda monetaria directa a los adultos mayores, los paquetes escolares, así como otros que atiende la Secretaría de Inclusión Social, aunque según ha trascendido, esos son sustitutos de programas que antes se manejaban a través de ONG. En todo caso, la pregunta obvia es: ¿Serán sostenibles en el tiempo y se atacará de raíz el problema, con unas finanzas públicas tan debilitadas?

En cualquier caso, el problema de la pobreza seguirá siendo objeto de mucho debate, en donde las formas de intervención pueden hacer la diferencia para enfrentarlo con eficacia o seguir arrastrándolo para sumir más en la desesperanza a muchos hermanos. Infortunadamente ninguna opción puede eludir el componente ideológico que es al fin de cuentas el que nutre la actual discusión sobre el tema, donde el conocido dilema entre cuánto Estado y cuánto mercado también está presente.

Lo central, en todo caso –aparte de la capacidad que tiene una sociedad para volcarse a favor de los más pobres– es contar con información confiable y verificable para monitorear de manera constante los cambios que con el paso del tiempo se van dando en la distribución de la riqueza. Y esto no es una tarea fácil ni en este campo ni en otros menos controversiales. Por ejemplo, unos dos años antes de que concluyera el gobierno anterior, el presidente Saca y el presidente de la ASI ventilaron públicamente sus diferencias en torno al crecimiento del PIB. Si no recuerdo mal, la balanza se inclinó finalmente a favor de los industriales que tenían información más confiable. Sin embargo, para el salvadoreño común, el intercambio de posiciones terminó sin sombra ni gloria, porque su atención estaba, como hoy, centrada en otros problemas.

Distinto es el caso de las diferencias que mantienen desde hace bastante tiempo el Gobierno de Argentina con el FMI. La manzana de la discordia es la tasa de inflación, donde la que maneja dicho organismo casi duplica la que publica el gobierno. Uno puede imaginarse lo que ello implica en la credibilidad internacional de un gobierno que se ha peleado con medio mundo y mucho más para el manejo de la macroeconomía y sus principales agregados, para no hablar de los componentes sociales, donde justamente la pobreza se erige como la expresión más dolorosa que dejó la crisis monetaria de principios de la década pasada. El caso nuestro tampoco es trivial, pero ello no debiera llevarnos a gastar tanta energía, que mucha falta nos hace para enfrentar los verdaderos problemas. Después de todo, es posible que las diferencias respondan a la base muestral utilizada.