Ni ARENA durante sus 20 años ni el FMLN ahora han diseñado y ejecutado un plan de seguridad ciudadana eficiente, adecuadamente dotado y acompañado de medidas preventivas eficaces.
La empresa privada, que con frecuencia ha clamado en favor de la seguridad, no ha colaborado, salvo pequeñas excepciones, con ideas o con acciones en la construcción de la paz social. Las iglesias, ONG y diversos sectores de la sociedad civil han trabajado con mayor frecuencia e insistencia, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. Porque la seguridad, aunque es una responsabilidad de todos, lo es prioritaria y fundamentalmente del Estado.

En este contexto se ha dado, desde el año pasado, la tregua entre pandillas. El resultado ha sido una espectacular bajada en el número de homicidios. Sin duda ha sido el elemento más novedoso en el campo de la seguridad ciudadana en estos 21 años que llevamos de Acuerdos de Paz. Y sin embargo, este diálogo entre pandillas, en el que participa el Gobierno, permanece en una especie de situación totalmente ajena a la institucionalidad del Estado. En otras palabras, que no se ha institucionalizado lo único que de momento ha dado algunos resultados. Durante dos décadas se experimentaron sin resultados diversos modelos de mano dura. De modo que esta baja de homicidios se lleva a cabo en el contexto de un fracaso de cinco gobiernos, cuatro de ARENA y uno del FMLN, incapaces de combatir policialmente la delincuencia e incapaces también de planificar una política socioeconómica de desarrollo que incluya componentes preventivos frente a la violencia y el delito.

Pero lo único que hasta ahora ha dado un cierto resultado no goza de institucionalidad estatal. A los medios de comunicación se les dice que lo que se está haciendo es fruto más bien de una mediación carismática que responde a una iniciativa de las pandillas, en búsqueda de un mejor trato en las cárceles. Se rehúye el asumir el proceso como iniciativa gubernamental, restándole de esa manera solidez. Hay miedo a que se diga, ironías de la vida, que aquí no se negocia con criminales. ¡Paradojas de este nuestro país tan plagado históricamente de corrupción política y de tantas fortunas hechas al amparo del poder!

Si queremos avanzar en la solución del problema de la violencia es evidente que tenemos que recorrer un amplio camino en la construcción de empleos dignos y en el fortalecimiento de la redes de protección social ciudadana, así como en la institucionalidad jurídica y policial. Pero sería un error desaprovechar la coyuntura presente amparándonos en una moral política hipócrita. Pues aunque comenzáramos un proceso más serio de fortalecimiento institucional y creación de empleo digno, los plazos son tan largos que desaprovechar el momento presente sería dificultar el mismo proceso de pacificación social. El diálogo con las pandillas debe fortalecerse e institucionalizarse. Y debe ser parte de una política de Estado aceptada por los partidos. Una política que conduzca con mayor eficacia la negociación no solo hacia la baja de homicidios, sino también hacia la baja de extorsiones. Porque la extorsión no solo daña a nuestra gente concreta, a los sectores con menos recursos, a la pequeña y microempresa, sino que daña en definitiva a las bases de las mismas pandillas. Pues al frenar la capacidad emprendedora del salvadoreño, frena también las posibilidades de generación de empleo. Y sin empleo en el segmento de la juventud no se supera la delincuencia juvenil. Institucionalizar para avanzar, incluir más conocimientos, experticias y personas en el proceso es indispensable.