El análisis de este tipo de limitaciones se inscribe en la teoría de la elección pública sistematizada hace más de 50 años por el profesor James M. Buchanan, entre otros. Él recibió el premio Nobel en Economía en 1986 por sus aportes sobre las decisiones de los servidores públicos en casos particulares.

Él comprobó que algunos funcionarios en el ejercicio de sus cargos actuaban en función de intereses personales o de grupo, y no tanto en respuesta al mandato de sus electores o usuarios de las instituciones que gestionaban, lo cual explicaba el surgimiento de conflictos y manifestaciones de descontentos por parte de la ciudadanía cuando algunos gobernantes impulsaban políticas que les perjudicaban.

La anteposición de intereses individuales al bien común –razón de ser de la administración pública– explica el extraño enriquecimiento de algunos funcionarios cuando dejan sus cargos y la presión social por el fortalecimiento de las instituciones contraloras que tutelan el uso de los impuestos y contribuciones de los ciudadanos que deben servir para financiar servicios públicos.

Como resultado del estudio de tales conductas, los economistas de la escuela de la elección pública señalaban la necesidad de una regulación que contuviera, dentro de márgenes razonables, la capacidad de endeudamiento de las instituciones gubernamentales, ya que algunos funcionarios podrían abusar del endeudamiento para congraciarse con votantes potenciales o grupos de poder, incluso en función de diversas prebendas.

Basta con observar la situación que viven algunos países europeos para comprobar la validez de las observaciones del profesor Buchanan, ya que ciertos gobiernos autonómicos han necesitado de apoyos financieros importantes para enfrentar el estado de sus finanzas, después de años de manejos descontrolados del gasto. Dicha situación también ha asolado al país por décadas; solo hay que recordar el déficit de caja que dejó el último gobierno –cercano a los $1,000 millones– para el ejercicio fiscal 2009; los hospitales no construidos, a pesar de que los recursos contratados para ello sí se gastaron completamente, o la tristemente célebre autopista a medio terminar en la zona del Espino que originó, posiblemente, la renuncia del ministro de Obras Públicas del gobierno anterior a los pocos meses de ejercicio del cargo.

El uso de los recursos de los contribuyentes para proyectos que no coinciden claramente con las necesidades colectivas y que terminan endeudando, no al país, sino que a sus ciudadanos, que son los que terminarán pagando las obligaciones con sus impuestos, parecería justificar la promulgación de este tipo de normas. Incluso el país más rico del mundo tiene disposiciones que regulan la gestión de las finanzas del Estado.

De hecho, recientemente el presidente de Estados Unidos de América tuvo que implementar recortes significativos al gasto para evitar pasarse del umbral acordado por el Congreso sobre erogaciones y deuda pública, con el propósito de mantenerlas dentro de límites razonables.

Esperemos entonces que de las discusiones legislativas que se realizan actualmente sobre la materia se alcancen acuerdos que beneficien a la ciudadanía en general que es, a la larga, quien paga la deuda contratada por la administración pública.