Desde 2010, algunos empresarios de buses y el Gobierno han trabajado para llevar adelante este proyecto. Pero, ya se presentan controversias y demandas entre los empresarios de buses, señalamientos de contratos poco claros y disputas legales.

El problema fundamental no está en las disputas entre grupos, sino cómo nace este proyecto, donde aparentemente el mismo Gobierno protege el negocio, para garantizarle grandes utilidades. Lo que tanto se criticó antes, la grave utilización del poder público para beneficiar a algunos empresarios privilegiados, parece acentuarse.

Recordemos el viejo refrán: “No hagas cosas buenas que parezcan malas ni hagas cosas malas que parezcan buenas”. Analicemos la información que se ha conocido públicamente, la que encierra preocupantes condiciones.

Primero, los mismos empresarios que son parte de la Mesa Nacional del Transporte establecida por el Gobierno son los principales socios de la empresa Sistema de Pago (SIPAGO), creada a inicios de 2012. Algo feo, porque es uso de información privilegiada para utilidad propia, tipo de corrupción severamente sancionado en muchos países.

Segundo, como SIPAGO no tiene experiencia en este tipo de servicio, se creó la empresa SUBES El Salvador, empresa relacionada con “Sistema Único de Boletos Electrónicos” (SUBES) Uruguay, constituida en marzo de 2011. Esto es una empresa creada a la medida para cerrar el negocio, como que fue contratada por SIPAGO a fines de 2011, antes que esta última fue creada jurídicamente. Esto tampoco se ve bien.

Tercero, la inversión en el sistema de tarjetas prepago que hará SUBES rondará los $31 millones, aun sin tener un claro récord de sus inversionistas. Además, ¿cómo obtendrá crédito una empresa nueva en Uruguay y en El Salvador? Sería bueno conocer el origen de esos fondos. También suena extraño que entre los directores suplentes de SUBES haya dos secretarias, un motorista y un electricista, para responder por la administración y el negocio de una empresa de $31 millones de inversión. Extraño, ¿no?

Cuarto, el sistema comenzará con un proyecto piloto que llegará a atender unos 4,600 buses, donde el total ronda las 11,000 unidades en el país. Entonces, si ellas reciben en promedio sobre $100, el ingreso anual sobrepasa los $400 millones. Si SUBES le cobrará el 10 % de lo percibido por tarifas por el uso de este sistema prepago, entonces llegará a tener unos $40 millones de ingreso, menos reservas para inversión y gastos, puede dejar unos $10-$15 millones de utilidad anual, en un negocio protegido y con otras prebendas.

Quinto, al autorizar solo a una empresa se crea un monopolio o se facilita una práctica monopólica, algo contrario al artículo 110 de la Constitución: “No podrá autorizarse ningún monopolio... A fin de garantizar la libertad empresarial y de proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopólicas”. Otra duda más, porque no se permitirán unidades que no cuenten con el nuevo mecanismo de recaudo, según “resolución razonada” del Viceministerio de Transporte, donde destaca que “lo que no puede haber es varios operadores tecnológicos”. Por esto, mediante licitación pública se contratará “a un operador internacional con experiencia en estos sistemas, porque no tenemos experiencia en El Salvador”, según su titular.

Sexto, SIPAGO también tendrá una línea de crédito para adquirir unidades nuevas, al tiempo que el FONAT incluye un subsidio de $10.3 millones anuales para que el Gobierno “compre” los buses chatarra. Bonito amarre.

Un negocio protegido, que nace de una mesa de trabajo del Gobierno, con prebendas ocultas, en condiciones monopólicas y empresas creadas a la carrera, no deja buena impresión. Más parece una renta política al estilo más criticado del pasado.