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  • Apoyo. Peritos de Medicina Legal se concentraron ayer afuera de la CSJ para respaldar al director de la institución.

  • Tensión dentro de Medicina LegalEl personal del IML no tuvo acceso a la base de datos ayer por la mañana. Fortín denunció que el departamento de informática recibió la orden de bloquear el acceso a servidores. Esto paralizó temporalmente el registro de estadísticas.

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De acuerdo a Fortín, solamente Corte Plena puede tomar una decisión respecto a su cargo, por lo que no acepta que la gerencia de Recursos Humanos de la Corte fuera quien le notificara sobre el cese de sus labores.

Bloqueo
Esta es una copia de la carta que recibió el director de Medicina Legal en la que la dirección de comunicaciones de la CSJ le sugiere que se abstenga de atender varios requerimientos de datos hechos por la prensa.
“Hoy tuvimos un bloqueo a la base de datos del IML, que se superó después de que hablamos con varios magistrados.”
José Miguel Fortín
director del IML
“No tiene sentido que nos despidan por diferencias de estadísticas porque las diferencias de homicidios son de 3 o 4 casos al mes.”
Miguel Velásquez
jefe de estadísticas del IML
Artículo
182
De la Constitución de la República, en su noveno numeral establece: “Nombrar a los magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, jueces de primera instancia y jueces de Paz que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura, a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma; removerlos, conocer de sus renuncias y concederles licencias”.
Cambios en dos unidades de CSJ
Personal de comunicaciones del Instituto de Medicina Legal no pudo ingresar ayer por la mañana a su oficina porque la gerencia ordenó que se cambiara la chapa de la puerta de esa unidad. La dirección de comunicaciones aseguró que el cambio no tiene ninguna relación con los despidos de las dos principales jefaturas del IML. Ayer por la tarde, personal de mantenimiento realizó el cambio de chapa en las oficinas del personal de sistemas informáticos. Los empleados no están seguros si podrán ingresar hoy.
José Miguel Fortín continuará siendo el director del Instituto de Medicina Legal (IML) hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva si hubo ilegalidades en el proceso que siguió la administración de la Corte Suprema para despedirlo. Así lo ordena la resolución que firmaron ayer cuatro magistrados de lo Constitucional.

La sala admitió al mediodía un recurso de amparo presentado por Fortín, quien el viernes anterior fue notificado de su despido. El director de Medicina Legal demandó al presidente de la CSJ, Salomón Padilla, y al gerente de recursos humanos, Fabio Villatoro, porque considera que ambos transgredieron el artículo 182 de la Constitución, que establece que le corresponde al pleno de la CSJ decidir sobre las remociones del personal de Medicina Legal.

Fortín también ha alegado otra ilegalidad en su despido porque, según el artículo 103 de la Ley Orgánica Judicial, solo el Consejo Directivo del IML puede proponer al pleno de la Corte remociones o nombramientos en el instituto.

La sala también habilitó a Fortín a que, en su calidad de director del IML, divulgue información estadística, tal como lo establece el segundo ordinal del artículo 99 de la Ley Orgánica Judicial, “no obstante los impedimentos o prohibiciones que se le sean impuestos en ese sentido por el Consejo Directivo de Medicina Legal”.

Fortín ha denunciado que desde hace tres meses el Consejo Directivo del IML le prohibió divulgar estadísticas del instituto.

El director considera que la diferencia entre las estadísticas del instituto y el Ministerio de Seguridad sobre homicidios fue lo que detonó su despido, una versión negada por el presidente Mauricio Funes (ver nota aparte).

Otros seis casos

La sala también admitió los recursos de amparo presentados por otros seis empleados judiciales que el pasado 14 de diciembre recibieron la carta de no renovación de su contrato. Al igual que Fortín, el jefe de estadísticas del IML, el coordinador de informática de la gerencia general de la CSJ, dos de sus colaboradores técnicos de esa oficina, un empleado de la dirección de comunicaciones y la jefa del área de desarrollo del departamento de informática podrán seguir en su cargo hasta que la sala resuelva sobre el proceso.

Como Fortín, plantearon que se les ha transgredido sus derechos a la estabilidad laboral, audiencia y defensa. Esto debido a que, según explicó la sala en un comunicado, “las no renovaciones de contrato constituyen un ‘despido de hecho arbitrario’ al no concedérseles la oportunidad de ser escuchados en un proceso disciplinario”.

En la admisión de las siete demandas, la Sala de lo Constitucional advierte que la administración de la CSJ debe abstenerse de nombrar a sustitutos de estos empleados, y que se debe garantizar el pago íntegro de los salarios de los siete demandantes.

“Asimismo, dicha prórroga y los nuevos contratos deberán ser comunicados a la Corte de Cuentas de la República y a la Dirección General de Presupuesto, por el Jefe de la Unidad Primaria respectiva, para los efectos legales correspondientes”, resolvieron los constitucionalistas. Todas las admisiones fueron firmadas por los magistrados propietarios Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Eliseo Ortiz, suplente de Sidney Blanco.

Los cuatro magistrados, a petición de los demandantes, apartaron del proceso al magistrado y presidente de la sala y de la CSJ, Salomón Padilla, por ser la autoridad demandada. En su lugar, nombraron al magistrado suplente German Álvarez Cáceres.

La nueva administración de la Corte giró ayer un comunicado en el que asegura que solo ha cesado de funciones a 35 empleados. En este, sin embargo, no se dice si acatarán la resolución firmada por la Sala de lo Constitucional.

La cifra oficial

La administración de la Corte explicó los despidos de esta manera: “La población empleada de este Órgano de Gobierno supera los 9 mil trabajadores. El reducido número de contratos que no se renovarán para el próximo año, no implica retroceso con relación a las falsas cifras de miles de contratos que irresponsablemente se manejó que no se renovarían”.

El viernes anterior, el Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS) sostuvo que la cifra de despedidos rondaba los 500. Ayer mostraron las cartas de despido de tres empleados más: uno de la gerencia de administración y finanzas, uno de la comisión de cultura y otro de la unidad de sistemas administrativos. Estos sindicalistas dijeron que, según sus cálculos, 70 empleados han recibido la notificación de despedido. Hoy se concentrarán frente a los tribunales para protestar por la medida.