Lo que no me termina de convencer es en qué se basa esta “tregua”. El Gobierno nos ha dicho, de muchas formas, que no la promueve, que solo ha servido como facilitador para los mediadores, el obispo castrense, monseñor Fabio Colindres, y el excomandante del ERP Raúl Mijango (exdiputado por Usulután, por el FMLN; miembro, en su momento, del Movimiento Renovador y líder de la denominada Tendencia Democrática, y luego miembro del partido Acción Popular, donde también militó el general David Munguía Payés).

Si el gobierno no tiene nada que ver, sigo sin entender por qué la Organización de Estados Americanos (OEA) se involucra como observadora del “proceso”.

He oído que algunos quieren hacer pasar esta “tregua” como los segundos Acuerdos de Paz. Cuando el FMLN guerrillero se sentó a negociar con el Gobierno de El Salvador el fin de la guerra surgieron los Acuerdos de Paz.

La guerra civil salvadoreña surgió porque la sociedad era incapaz de permitir todas las expresiones ideológicas. Además, el alzamiento tenía a la base las divergencias sobre el modelo productivo y de distribución de la riqueza.

Aunque en un principio a los guerrilleros se les consideró delincuentes (subversivos o terroristas, según la derecha extrema), pero luego, con los reconocimientos internacionales como parte beligerante, hubo un cambio de percepción, de modo que cuando surgió el diálogo, y posteriormente la negociación, eran dos bandos –enemigos en ese momento– que se sentaban para ponerse de acuerdo. ¿Podemos decir lo mismo de las pandillas? ¿Hay estructuración ideológica detrás de ellos? ¿Tienen un ideario?

Una cosa es que la Dirección General de Centros Penales mejore las condiciones de los internos para favorecer su reinserción a la sociedad. Otra, muy diferente, es ofrecerle privilegios a unos reos porque son los cabecillas de agrupaciones criminales que se han ofrecido una “tregua” para no matarse entre ellos.

Pero, bueno, se puede entender –no compartir– que el Gobierno busque reducir las tensiones en las cárceles y haga cesiones. Pero, ¿contemplar la posibilidad de crear “municipios santuarios” para los pandilleros, lugares donde la Policía no realizará operativos a cambio de la reducción de homicidios, extorsiones y robos?

Creo que eso es demasiado. Pedir la derogatoria de la Ley de Proscripción de Pandillas también es excesivo. Si son grupos criminales, organizados para cometer delitos, el Estado no puede hacer menos que perseguirlos.

No se puede negociar la inaplicación de la ley bajo la promesa de que sí se va a cumplir la ley. ¿Y los delitos previos? ¿Van a dejar de perseguir los crímenes anteriores?

¿Y qué pasa con las víctimas? ¿En qué momento este “proceso” y esta “tregua” contempla a los jóvenes asesinados, a los trabajadores extorsionados o a las muchachas violadas y luego desmembradas? ¿Qué pasa con todas esas comunidades sumidas en el terror, donde rige un virtual toque de queda impuesto por criminales?

La Constitución establece que el Estado debe garantizar la vida de sus ciudadanos. Ese debería ser el único santuario que pueda considerarse.