Para alguna gente con la que he hablado en los últimos días, no queda otro camino que apostarle al proceso de desmontaje de violencia que han emprendido los mediadores, monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango. Llamarle “proceso de paz” o “pacificación” a este mecanismo me parece injusto con los actores históricos de los Acuerdos de Paz en El Salvador. Ninguno de los dos bandos podía ser considerado criminal, aunque así se llamaban mutuamente uno al otro en el marco de las hostilidades. Pero se trataba de expresiones políticas en pugna y había reconocimiento internacional para ambas partes, por lo que se consideraba que aquí había una guerra civil.

Este no es el caso de las pandillas. La llamada “tregua” solo aplica para ataques entre ellos y el Estado ha mantenido su política de represión del delito. Hace un par de días, por ejemplo, la Unidad Antipandillas de la PNC capturó a 47 personas en San Marcos, acusadas de homicidios y extorsiones.

Además, las pandillas no tienen programa político ni ideología. Para Estados Unidos, una de ellas es crimen organizado internacional, equiparable a bandas terroristas. Así que lo que tenemos son dos grupos criminales que han decidido no atacarse mutuamente. Sin embargo, algunos creen que en esto hay una gran oportunidad para desmontar la violencia que llevó a considerar a El Salvador como uno de los países más peligrosos, con más muertes que Afganistán o Irak.

Ante esto, lo que hemos observado es que instancias del Estado han asumido el reto. Las alcaldías han sido las primeras expresiones institucionales en darle el beneficio de la duda, aunque con una principal diferencia. El alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, considera que hay que montar empresas para los pandilleros (les ofrece hornos para que monten panaderías). Su colega de Quezaltepeque, Carlos Figueroa, en cambio, busca el apoyo de empresarios para darles trabajo, pero al firmar el acuerdo de convertir a su ciudad en un municipio libre de violencia les exhortó a que respetaran la tregua, pero también que dejaran de atacar a los ciudadanos.

Ha sido la primera vez que una autoridad civil electa con el voto popular les dice a los pandilleros (frente al ministro de Justicia y Seguridad y mediadores) que confía –Dios mediante– que cumplan con su palabra de no matarse entre ellos, pero también les recuerda las atrocidades que han cometido con el único fin de lucrarse. Y lo dijo con conocimiento de causa, pues Figueroa fungió como fiscal antihomicidios durante la aplicación del plan Mano Dura.

Mientras tanto, la Asamblea Legislativa decidió darse una semana más para aprobar las observaciones presidenciales al decreto para amnistiar la entrega de armas ilegales. Ojalá se abra un debate sobre qué está dispuesta la sociedad a perdonar o a olvidar a cambio de mantener una reducción de homicidios.

¿Incluye esto la impunidad de los delitos cometidos con esas armas que se van a entregar? Y, para los que opinan que no es así, ¿a qué viene un decreto que ampare al portador de esta arma? Quizás al final de este debate estemos más claros y veamos más que signos para la no violencia.