Igualmente, opiné que el logro de esos consensos mínimos no se espera entre los ciudadanos individualmente considerados dado lo inaccesible de los costos de transacción, pero sí de las instituciones de la sociedad civil organizada, que teniendo ideologías e intereses diferentes debieran compartir y promover valores elementales. Siendo así, la organización de los ciudadanos con propósitos similares es indispensable para la protección de un Estado sano, pero para ello es imprescindible que se garantice un ejercicio pleno, eficaz e incondicional del derecho de libre asociación.

Mucho se ha elogiado el papel que últimamente han desempeñado las organizaciones ciudadanas en la agenda nacional de El Salvador, pero se puede hacer mucho más. Se ha logrado, por ejemplo, exigir el respeto a la independencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero eso es solo un ejemplo del potencial que existe.

Las organizaciones existentes pueden crecer y superarse y otras nuevas pueden surgir para buscar sus metas lícitas, siempre que los costos de organizarse sean bajos, y con costos me refiero a la totalidad del esfuerzo que deba emplearse para la formación o desarrollo de las diversas formas asociativas.

La personalidad jurídica de las agrupaciones ciudadanas es un elemento fundamental en el ejercicio del derecho de asociarse. Si bien existen movimientos coyunturales que no necesitan de ella para coadyuvar a conseguir un propósito determinado, por regla general, los ciudadanos que deciden perseguir un objetivo común necesitan una especie de formalización que les permita ser sujetos de derechos y obligaciones.

En El Salvador, esto se concretiza mediante la presentación de una escritura pública en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, lo cual le permite a la organización ciudadana, por ejemplo, la gestión de fondos a través de donaciones y la formalidad en su situación fiscal.

El proceso de formación de una asociación o fundación debiera ser sencillo y eficaz. No es conforme a una política de respeto a los derechos fundamentales la complejidad de los mecanismos para su ejercicio: la sobreabundancia de burocracias, las interpretaciones amplias de los requisitos y restrictivas de los derechos, los procedimientos que tardan años y las adivinanzas suspicaces de los propósitos ulteriores no declarados por quien pretende crear una organización ciudadana debieran ser por entero abolidas. Si bien cualquier organización debe abstenerse de realizar actuaciones o perseguir objetivos contrarios a las leyes, debiera bastar con que en sus estatutos no conste nada ilegal para que se otorgue su personalidad.

El papel de las organizaciones ciudadanas es indispensable para el desarrollo de los individuos, por ejemplo, mediante el establecimiento de consensos mínimos invulnerables por sus representantes políticos.

Esto requiere de máxima facilidad en el ejercicio del derecho de asociación que es instrumental para el goce de otros derechos fundamentales. En donde estas condiciones no estén dadas, con lo que hay, con las organizaciones que ya lograron formalizarse o con meros movimientos sociales, es indudable que la primera búsqueda debiera ser el ejercicio incondicionado del derecho de libre asociación.