Y los cuales tienen a toda la población en un estado de “desesperanza”, pues estos afectan no solo a los directamente involucrados, sino a las instituciones que representan y por ende a todo el país, lo que debe buscarse es no solo lograr cómo los culpables reciben las sanciones que establece la ley, sino además, cómo hacer para que estos hechos ya no vuelvan a repetirse.

El comportamiento de los diputados prestigia o desprestigia a la Asamblea Legislativa y esta es uno de los tres Órganos del Estado, por lo que sus actuaciones se vuelven un “asunto de interés nacional”. Luego, ante los eventos ocurridos, es la Asamblea Legislativa misma la que debe formar parte de la solución y procurar, por medio de las instancias adecuadas, que las acusaciones se esclarezcan y no queden en el olvido. Incluso, lo menos que debiera proceder es el análisis de la conveniencia de la formación de una “comisión especial” legislativa, tal y como lo manda la Constitución de la República en su artículo 131, inciso 32; para investigar los hechos y con el propósito de mantener el prestigio de la institución donde corresponde.

Es de felicitar la honestidad y valentía de algunos diputados que, sintiéndose ofendidos, ya han presentado las denuncias donde corresponde. Sin embargo, la gravedad de los hechos trasciende la ofensa personal y con el propósito de responder a lo que sus correligionarios esperan, también el partido ARENA, como tal, no debe quedarse solo con la sanción de expulsar a los diputados mencionados, sino que su obligación es presentar las acusaciones correspondientes formalmente y hacer todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos, con el objeto de prevenir estos comportamientos en el futuro.

La primera pregunta que se hace la gente común es: “¿Cómo puede ser que se elijan diputados cuya honorabilidad esté luego cuestionada, por aquellos mismos que los eligieron?”, puesto que la Constitución misma establece que los diputados deben ser de “notoria honradez”; por lo cual son los mismos partidos políticos los primeramente llamados a velar por este requisito. Esto enfatiza la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de reivindicar o sancionar los comportamientos de sus propios diputados y no desatender los hechos, tratándolos como “solo” un problema interno, de una fracción legislativa.

En cuanto a las soluciones de largo plazo, afortunadamente ya se ha aprobado el “voto por persona”, para elegir a nuestros futuros diputados. Esto permite que, si las soluciones de corto plazo no se realizan, en la próxima elección se pueda aplicar las sanciones adecuadas y los votantes puedan no votar por aquellos candidatos que no han llenado las expectativas, conforme a lo que esperaban. Para que esta “esperanza” pueda continuar, lo mínimo que se esperaría, de parte de los actuales diputados, es que este sistema de “voto por persona” no sea entorpecido por ellos mismos, tal y como ha ocurrido hasta el momento; pues a la larga, esto es lo único que puede permitir que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir y los salvadoreños mantengamos la “esperanza”, de algún día vivir en plena democracia.

Cuando menos, ante los eventos sucedidos, lo que la ciudadanía espera de parte de los actuales dirigentes políticos, de todos los partidos, es que revisen sus propias actuaciones, tal y como gallardamente lo acaba de hacer el entrenador de la selecta playera, Rudis Gallo, a raíz del reciente desempeño de su equipo y se hagan la misma reflexión que él hizo y concluyan: “Quizás Dios quiere mandarnos un mensaje y vamos a asimilarlo”.