Este acercamiento incluyó al sector político y de manera especial –por razones entendibles– al FMLN. Obviamente, en las reuniones siempre había discrepancias, pero bajo el liderazgo de Schafik, el intercambio de opiniones siempre fue respetuoso y de altura. Esto no ocurrió en el último evento al que asistí –acompañando al Comité Ejecutivo de la entidad– por invitación de la dirigencia del partido, pero ya sin la presencia de su líder histórico. De hecho me retiré casi al principio, ante la actitud ofensiva con que iniciaron su participación dos de los anfitriones –a la sazón diputados– acusando a la entidad de encubrir a los “grandes evasores”.

Hace poco tiempo, apareció un documento apócrifo –pero avalado por diputados del partido gobernante– que contenía los nombres de empresas supuestamente involucradas en ese delito fiscal. No me consta que el caso haya sido denunciado ante las instancias correspondientes, pero sí que al menos algunas de ellas se defendieron públicamente, entendiendo que la cúpula empresarial ha sido creada no para proteger intereses particulares, sino aquellos principios y libertades que sirven de sustento a la iniciativa individual. La historia es hoy diferente. Dirigentes del FMLN han reaccionado ante los señalamientos atribuidos al director ejecutivo de la ANEP de que a través de Alba Petróleos se podrían estar desarrollando operaciones al margen de la ley. Así, mientras esta última ha acudido a la Superintendencia de Competencia para presentar un “aviso”, la “holding” ha interpuesto una demanda en un juzgado, señalando a dicho funcionario por supuesta difamación.

Al respecto hay que decir que las dudas sobre la licitud de las operaciones de Alba Petróleos no son nuevas, particularmente por el crecimiento espectacular de sus operaciones en tan corto tiempo, el origen de sus recursos, la diversificación asombrosa de sus negocios y las prácticas que utiliza para penetrar diferentes mercados. Parecen sospechosas hasta para el poco ilustrado en estos temas, estas facetas de una empresa que funciona bajo conceptos de economía mixta, pero que igualmente es utilizada como instrumento político, como lo ha reconocido recientemente el candidato a presidente por el FMLN, a propósito del lanzamiento del programa Becas.

El que el Ing. Jiménez haya hecho señalamientos sobre el brazo económico del FMLN y la reacción de este tampoco son eventos insólitos, particularmente en momentos en que ya se ha iniciado prácticamente la campaña para las elecciones de 2014. Sin embargo, no estoy tan seguro de que en este caso la cúpula empresarial haya levantado una polvareda para servir deliberadamente los intereses de ARENA. Solo basta leer las memorias del expresidente Calderón Sol para desmentir a aquellos que piensan que la cúpula empresarial siempre ha servido de alfombra a dicho partido.

Sin embargo, llama la atención que con anticipación, o en paralelo, la Asamblea Legislativa, o más bien el llamado “bloque”, haya aprobado decretos que después resultan coincidentes con cada nuevo emprendimiento de ALBA. Ahora, con la creación de su propia fundación, también se fortalecería más “el brazo social” del conglomerado; eso sí, con el riesgo de que a través del mismo se sangren más las finanzas públicas, maquillando los estados financieros, de lo cual el FMLN siempre ha acusado a la empresa privada. En su caso, la condonación de deudas, la concesión de becas y hasta las operaciones financieras y comerciales irregulares con el exterior las estaríamos financiando los contribuyentes.

Ante ese este escenario, no solo deberían participar los entes ya involucrados, sino también la FGR y la Corte de Cuentas, pero con transparencia y ética. Conociendo un poco la trayectoria del titular de la primera institución, no tengo duda de que actuará apegado a derecho. Igual actuación espera la sociedad de otras instancias que deberían participar en un caso cuya trascendencia ya ha merecido la atención internacional.