Empresarios del transporte de carga intentan dilatar la entrada en vigencia del Fondo Nacional de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), pues piden una ley que sea más flexible con el sector.

Los propietarios y motoristas de vehículos pesados cuestionan la propuesta del FONAT, así como entraría en vigor.

La Asociación de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa con el respaldo de ARENA. El documento busca que la Ley del FONAT no entre en vigor el 15 de abril, sino que se amplíe el plazo para discutir una ley que se adecue a la actividad de quienes mueven mercadería en diferentes países. Raúl Alfaro, presidente de la Asociación, explicó que proponen al Viceministerio de Transporte (VMT) reformular la ley para “que se nos reconozca el carácter especial” de transportistas internacionales. “Pensamos que al contratar un seguro obligatorio en un grupo amplio, y no individual, podemos reducir la prima en un 300 %, comparando con un contrato que hagan unos pocos transportistas”, dijo Alfaro. Hablan, incluso, de que se formen grupos de hasta 7,000 transportistas y que la prima del seguro obligatorio baje de $380 a $110.

Alfaro destacó que, si bien no se oponen a la creación del fondo, esperan que por lo menos el VMT considere estas modificaciones.

También promovieron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia.

Según Alfaro, se han concentrado en tres puntos de posible inconstitucionalidad en la Ley del FONAT.

La primera es que no constituye una contribución especial para el Estado, porque el dinero que se recolecta con el cobro adicional en las tarjetas de circulación (la fuente de ingresos para el FONAT) no se ocupará, a menos que ocurra el accidente. Mientras, solo constituye un ingreso continuo, más parecido a los demás tributos.

El segundo punto se refiere a la violación del principio de proporcionalidad que manda la legislación salvadoreña. Alfaro estima que las cuotas anunciadas por el VMT para el FONAT, según el tipo de vehículo, no corresponden a la realidad. “Todavía no existe un reglamento para aplicar la ley y esas cantidades se las ha sacado de la manga el viceministro (Nelson García) y lo convierte en un criterio personal”, destacó el líder de ASTIC.

Finalmente, parte de la inconstitucionalidad de la que acusan esta ley es que al vincular el pago del fondo a la entrega de matrícula para el vehículo viola el principio de libre movimiento. Pero, además, a ellos les violentaría el derecho a trabajar (pues viven de sus unidades).