Hasta el momento, no sé si creer que esta es una medida tomada en función de ayudar a la sociedad o para desangrarla más.

Y es que me parece absurda y exagerada la idea de incrementar $35 al proceso de refrenda de la tarjeta de circulación con el objetivo de crear un fondo que, a final de cuentas, solo será utilizado en un 35% para la verdadera atención de víctimas de accidentes de tránsito. Es una tarifa demasiado alta.

Según el desglose de la recaudación que se planea lograr con el pago de este impuesto, $12.4 millones, de los $42 millones que se proyecta percibir, serán destinados a las indemnizaciones de las víctimas que resulten de los accidentes viales. Lo que a mi juicio no resulta coherente en lo más mínimo.

Me resultan excesivos $12 millones, cuando, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el país ocurren tres muertes diarias, a causa de accidentes viales. Esto significa un total de 1,095 muertes que tendrán que ser atendidas por el FONAT.

Según la propuesta, se indemnizará con $3,500 a los familiares de los fallecidos, más $500 en concepto de gastos funerarios. Un total de $4,000 por fallecido.

Esta cifra representa $4.3 millones de los $12.4 millones destinados a este rubro en específico, lo que deja un margen de $8.1 millones para incapacidades permanentes, que son pagadas a la mitad de la indemnización por muerte. Es decir, $2,000. Para hacer coherencia, o suben las muertes o suben la indemnización o bajan el impuesto.

De igual manera me resulta absurdo que de los $42 millones, $10 millones sean para la compra de chatarra. Es decir, buses que sean modelos anteriores a 1993.

Si bien es cierto, es de suma necesidad la renovación de las unidades de transporte público, pues la mayoría de ellas ya están obsoletas y arruinadas, no puede seguir siendo la sociedad salvadoreña quien financie estas unidades.

Ya financiamos un subsidio que no ha sido entregado y ha desembocado en un paro de buses el pasado viernes. Se elevarán exageradamente los precios de las multas de tránsito, pero muchos de ellos siguen manejando sin pagarlas.

Y ahora, también, cubriremos las muertes de las víctimas de su imprudencia, pues el 23.7% de los accidentes viales es causado por el transporte público; además de financiar la compra de las unidades consideradas chatarra, que son la mayoría. Solo falta que acabemos en otro paro, si no se les paga la chatarra al precio que estiman conveniente.

Además, otros $2.9 millones serán destinados a la educación vial y señalización de calles para reducir los accidentes. Idea que me parece redundante, cuando $3.5 millones ya fueron destinados para la misma intención, en el marco del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, publicado por la ONU.

Finalmente, el Ministerio de Salud se llevará la porción más grande con $14.4 millones, pues allí se atenderá a los lesionados. Suma que me parece sobrevalorada, cuando el mismo Ministerio de Salud declaró haber gastado $6.3 millones en atender a las víctimas de accidentes de tránsito, incluyendo hospitalizaciones de un promedio de 6.5 días por paciente.

Veámoslo bien, al parecer las cuentas no están bien hechas.