Así para el caso, la Ley de Partidos Políticos dice que estos se constituyen mediante escritura pública, por iniciativa de un número no menor de cien ciudadanos capaces que se encuentren en el ejercicio de sus derechos políticos, que no pertenezcan a otros partidos políticos existentes o en proceso de organización. Ese mismo cuerpo normativo agrega que para inscribir a un partido político, este debe presentar al Tribunal Supremo Electoral una solicitud que entre otros varios requisitos debe contener una relación de ciudadanos capaces, que se encuentren en el goce de sus derechos políticos, en número no menor de cincuenta mil que respalden la solicitud de inscripción del partido en organización, acompañada de la ficha y de la copia legible del Documento Único de Identidad vigente de cada uno de ellos, advirtiendo que estos ciudadanos no deberán pertenecer a otro partido político inscrito o en organización.

Una vez inscrito un partido político, este tiene el derecho a postular candidaturas en las elecciones a presidencia y vicepresidencia de la República, así como diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, conforme a lo dispuesto en la Constitución y el Código Electoral.

Como ya lo resolvió la Sala de lo Constitucional, lo anterior no significa que un ciudadano, sin pertenecer a un partido político, no pueda postularse para el ejercicio de una diputación; los ciudadanos que estén en ejercicio de sus derechos civiles y cumplan con los requisitos que la Constitución establece pueden presentar candidaturas independientes.

Pero de todos es conocido que ninguno de los actuales diputados que conforman la Asamblea Legislativa promovió una candidatura independiente; todos lo hicieron a través de sus respectivos partidos políticos que en su momento cumplieron con las disposiciones del Código Electoral que hoy recoge la Ley de Partidos Políticos.

A pesar de ser tan claro lo anterior, hace unos días se anunció en la Asamblea que la Junta Directiva había aprobado por mayoría la conformación de una nueva fracción parlamentaria denominada “Unidos por El Salvador”. No conformes con esto, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa también ha autorizado que ese nuevo grupo político tenga un jefe de fracción y hasta un subjefe de fracción, que se les asigne personal, espacio físico y presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Por supuesto que el solo hecho de contar con una jefatura de fracción ya desdice de la pregonada independencia de los diputados que ahora conforman este grupo político.

Nuevamente hacemos ver que esto no puede tomarse a la ligera. Reconocemos que tal como lo dice la Constitución, los diputados no representan los intereses de ningún grupo en particular, pero de eso a lo que por segunda vez consecutiva ocurre en la Asamblea, hay un trecho abismal. Se ha constituido una fracción política que nunca cumplió con los requisitos de constitución establecidos por la ley, que nunca se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral, que nunca participó en un proceso eleccionario y por quien nadie votó en las últimas elecciones.

Se vea por donde se vea, esto representa no solo una ilegalidad sino además una burla a la voluntad popular ejercida en las urnas y por eso es que el CEJ insiste en que el transfuguismo es un problema que reconociéndolo como tal, debe regularse. Es un problema para los electores y es un problema para todos los partidos políticos; hoy unos son los afectados pero mañana podrán ser otros.