La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) consideró ayer que las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública “obstaculizan la contraloría social, eliminando la función principal de la ley, que es permitir a los ciudadanos gozar del derecho fundamental de tener total acceso a la información pública”.

A través de un comunicado, la gremial empresarial también cuestiona la reforma que le quita al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la autoridad para liberar información que se nieguen a entregar las entidades del Estado y la considera una decisión política.

Eliminar esas facultades “es una acción política orientada a facilitar el encubrimiento de la corrupción en el Estado”, afirma el pronunciamiento de la dirigencia de la ANEP.

La gremial advirtió que “de ser sancionadas estas reformas, El Salvador estaría violentando acuerdos internacionales”, además de poner en peligro la obtención del FOMILENIO II.

Por tanto, pidió al presidente de la República que vete las reformas y que no dilate la elección de los integrantes del IAIP.