Luego de un largo trajín legislativo, el pasado jueves fue aprobada la Ley contra la Usura, por 77 votos, que eran todos los presentes, salvo el voto de la Democracia Cristiana. Más de cuatro años estuvo el tema en discusión en la Asamblea, durante los cuales hubo múltiples consultas a los entes interesados; y, al final, se llegó al acuerdo político sobre esta cuestión que tiene desde luego muchas aristas, ya que toca un punto que comúnmente se viene manejando más con criterios ideológicos que con enfoques pragmáticos.

La ley, que todavía está en proceso de formación, porque falta la eventual sanción presidencial y su posterior publicación, es un breve texto de sólo 15 artículos, y en ella hay regulaciones variadas, entre las cuales las básicas son: determinar, por medio del Banco Central de Reserva y periódicamente, las tasas máximas de interés que pueden cobrar tanto las entidades de crédito como las personas naturales que se dedican a dar préstamos; establecer una fórmula numérica para fijar dichas tasas máximas dentro de los rangos crediticios que la misma ley define; obligar a todos los que se dediquen personalmente a la actividad crediticia a que se registren de manera formal; y aplicar sanciones monetarias significativas a los que violenten las tasas establecidas.

Han surgido, en el camino de la discusión, y siguen surgiendo, reparos contra esta normativa, como decir que se trata de un control de precios o que afectará la concesión de los microcréditos, porque el bajo nivel de tasas puede impedir su manejo administrativo. Los diputados aprobantes, de distintos partidos, manifestaron que no es control de precios sino poner límites máximos a los intereses, para evitar el abuso; y que ni la estructura ni el manejo de lo legislado afectarán previsiblemente ningún tipo de créditos. La razón sólo podrá darla la realidad de lo que venga.

Si la ley llega a entrar en vigor, lo cual se sabrá dentro de los próximos días, se irán dando en la práctica las respuestas a éstas y otras interrogantes. Lo más significativo de este paso es que se entra en la línea del ordenamiento en un campo tan decisivo para el desenvolvimiento del proceso nacional. Si bien es cierto que hay que salvaguardar la libertad de mercado también es necesario acotar los marcos dentro de los que dicha libertad debe moverse. En cualquier sociedad verdaderamente democrática es indispensable abrirle las puertas a la oportunidad y cerrar los portillos del abuso.

El hecho de que esta ley, tan discutida y tan cuestionada, haya salido al fin prácticamente por unanimidad de las fuerzas representadas en la Asamblea indica que, pese a todos los obstáculos y quebrantos que se presentan en el diario vivir de la política, vamos avanzando en la línea modernizadora. Esto hay que valorarlo en especial como un signo esperanzador de cara a las tareas que nos depare el futuro.

Lograr que una ley como ésta funcione de veras y se convierta en los hechos en promotora de orden y de progreso es lo que hay que asegurar. No es fácil, porque lo más difícil es meter en cintura a los que han estado sueltos sin regulación ninguna. Controlar la informalidad viene a ser, entonces, el gran desafío por enfrentar con éxito.