Nueva redacción. Los diputados de la comisión de seguridad acordaron hacer un nuevo decreto para la facilitación de entrega de armas ilegales en posesión de pandillas, aunque dirigido a toda la población. Mañana se llevará el decreto al pleno para su aprobación.

Los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa acordaron ayer redactar un nuevo decreto para regular la entrega de armas ilegales y garantizar que no exista persecución penal para las pandillas por el delito de tenencia, portación y conducción de armas de fuego fuera de la ley, aunque el decreto abarca a toda la población que quiera deshacerse de armas no registradas por las autoridades.

La comisión enfatizó que el nuevo decreto llevará implícito el acatamiento a las observaciones jurídicas que hizo el presidente Mauricio Funes a un primer documento aprobado por el pleno del congreso en enero pasado.

La comisión aprobó ayer que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de la Defensa Nacional puedan coordinarse para llevar a cabo la recepción de armas ilegales, en cuanto a las fechas y los lugares de entrega, así como las garantías legales para las personas que entreguen armas.

En el decreto anterior, observado por Funes, se estipuló que el Ministerio de la Defensa sería el único responsable de designar lugares, fechas y la forma de entrega de las armas. Y esa disposición no fue observada por el mandatario. Por ello, los diputados decidieron hacer un nuevo decreto para que lo pueda conocer la Presidencia.

Además, los legisladores acordaron hacer una salvedad en cuanto a la amnistía del delito de tenencia, portación y conducción de armas de fuego ilegales que se concederá a las personas que entreguen armamento fuera de ley: la garantía de no persecución penal se dará únicamente los días, las horas y en los lugares en que Seguridad y Defensa determinen.

Esto a pesar de que la vigencia del decreto será de 90 días. El presidente de la comisión de seguridad, Antonio Almendáriz, explicó que el decreto anterior daba garantía de no persecución penal durante el período de vigencia (90 días). Fue por petición de ARENA que se avaló delimitar la garantía.

La comisión de seguridad también acordó que el documento que Defensa emitirá a las personas que entreguen armas ilegales contendrá todos los detalles del arma y la condición en que se recibió.