Postura. La ASI no comparte dar la facultad a la Defensoría del Consumidor de verificar el cumplimiento de los términos de oferta en los contratos.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) mostró ayer sus reservas por dos de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) que recientemente fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Uno de los artículos en cuestión es el derecho de retracto, según dijo Jorge Arriaza, director ejecutivo de la gremial.

“En el caso de bienes industriales, como son altos volúmenes de producción, si usted entrega una orden de 50,000 unidades, y el cliente señala que no está de acuerdo es más complicado el definir que van a regresar 50,000 unidades a una empresa”, ejemplificó.

Arriaza añadió que la ley aplica la misma regla tanto a personas naturales como jurídicas. “Creemos que hay una diferencia importante entre una empresa que compra volúmenes y una persona que ejerce su derecho a un reclamo o una devolución”.

La ASI tampoco comparte que dar la facultad a la Defensoría del Consumidor (DC) de verificar el cumplimiento de los términos de oferta en los contratos, ya que a su criterio este es un rol que compete a los tribunales

“El derecho de retracto tiene una aplicación en ciertas circunstancias, no es en todo tipo de contrataciones que se aplica”, justificó Yanci Urbina, presidenta de la Defensoría.

Estos casos especiales son las compras por internet y contrataciones en reuniones convocadas por los proveedores.

Ayer, la Defensoría del Consumidor informó que las 43 reformas a la LPC fueron sancionadas por el presidente Mauricio Funes.

Recientemente, el congreso aprobó reformas a 43 artículos de la LPC, con lo que, en conjunto, proveyó de más presencia a la DC en su rol a favor de los consumidores en las áreas de las garantías de los productos y los contratos de servicios varios.