En su primera sesión del nuevo año la Asamblea Legislativa aprobó la reforma del Código Electoral en el sentido de dejar ya permanente la disposición según la cual en las elecciones legislativas el ciudadano podrá optar entre el voto por bandera y el voto por rostro, con las combinaciones que la misma regulación permite. Es decir, lo que en 2012 fue reforma transitoria hoy se vuelve reforma definitiva. Este avance se da a partir de un fallo de inconstitucionalidad que en su momento generó grandes resistencias entre los partidos políticos, cuyas dirigencias estaban acomodadas a la práctica anterior en la que sólo se podía votar por bandera.

En nuestro Editorial de la revista Sucesos 2012, publicada el 1 de enero pasado, mencionamos esta cuestión del voto por rostro como “una novedad que llegó para quedarse”, caracterizándola como “impulso embrionario de lo que será en algún momento el esquema de jurisdicciones electorales distritales”. Y es que la dinámica del proceso es progresiva, y cada paso va determinando los siguientes, aunque en su momento se tienda a verlo todo como coyuntural. Es claro que en este punto se daba una evidente incongruencia entre lo que se venía haciendo por tradición interesada y lo que se exige como natural conforme a la lógica democrática.

El sistema político en general y el subsistema electoral en particular requieren, sin duda, muchas reestructuraciones y ordenamientos, para que lleguen a ser lo que les corresponde a estas alturas de la evolución democratizadora del país. Para el caso, se tendría que entrarles a fondo y de veras a puntos cruciales como la ley de partidos políticos y el análisis sobre la composición de los organismos electorales, en la que persiste una ya desfasada hegemonía partidaria. Todo esto hay que verlo sin ningún tipo de pasionismo o prejuicio, sino con la voluntad de asegurar que el sistema en su conjunto se desempeñe como debe ser.

Con la reforma del voto por rostro se rompió una barrera de especial simbolismo: lo que ahí se inicia es un nuevo modo de encauzar las decisiones ciudadanas, para que la representatividad pueda ir funcionando según le corresponde. En lo que se refiere en específico a la configuración del cuerpo colegiado legislativo, de manera tradicional esto se ha venido manejando de forma puramente mecánica, en beneficio de las conducciones partidarias, y por eso no hay una verdadera vinculación entre el representante elegido y sus representados electores. Si la hubiera, de seguro se desactivarían las armaduras ideológicas, como ha ocurrido en relación con los gobiernos locales.

En un año tan intensamente electoral como este en el que vamos entrando, las reformas electorales tienen el camino empinado, porque las ansiedades se disparan y los recelos se vuelven más agresivos. Sin embargo, habría que hacer más esfuerzos tanto institucionales como partidarios para que el avance no se detenga. Y, desde los ámbitos ciudadanos, la vigilancia y la presión deberán mantenerse vivas, pues como la experiencia más reciente enseña de manera incuestionable el poder ciudadano no sólo se ejerce en las urnas, sino que está en el ambiente, haciéndose sentir cada vez con más fuerza.

Hay que acoger como una noticia motivadora la reforma que hace permanente el voto por rostro en las elecciones legislativas. El proceso transformador continúa su marcha, pese a todos los inconvenientes, incomprensiones y aun zancadillas. Es una dinámica que llegó para quedarse.