Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el conflicto entre el Gobierno y la empresa italiana Enel, una de las mayores compañías de energía de Europa, debe ser resuelto bajo los principios del Estado de Derecho.

El Salvador fue demandado por la empresa italiana Enel porque el Gobierno se niega a permitirle invertir $120 millones en la generadora geotérmica LaGeo, con lo que la compañía extranjera se convertiría en accionista mayoritaria.

Bajo argumentos de que la geotermia –energía que se produce con el vapor del subsuelo– es un patrimonio nacional, los gobiernos anteriores y el actual se negaron a que Enel capitalizara su inversión. La respuesta de la empresa italiana fue acudir a un tribunal internacional, que falló a su favor. El Salvador pidió entonces la nulidad de este fallo, pero le fue negada.

A pesar de estos fallos, el Gobierno de El Salvador insiste en que no permitirá que una empresa extranjera sea la propietaria mayoritaria de LaGeo, mientras Enel espera que se cumplan las resoluciones de las instancias internacionales.

“FUSADES no está defendiendo a ninguna de las partes, lo que le interesa es el país… este es un tema que debe resolverse sobre la base de la seguridad jurídica”, declaró Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales (DEL), de FUSADES.

Agregó que bajo los principios de seguridad jurídica y libertad contractual en este caso hay un acuerdo de accionistas y una confirmación de un laudo arbitral. “Un laudo arbitral internacional tiene la validez y el peso de una resolución judicial”, agregó Castro.

Investigaciones

Para el analista, un punto importante es el manejo mediático que se ha hecho del conflicto. “Estos son temas que deben tratarse en las instituciones pertinentes, para eso existen, no nos parece que la vía por la que se traten sean únicamente los medios de comunicación”, indicó.

El fin de semana pasado, el presidente de la República, Mauricio Funes, dijo que buscarían que se declare nulo el contrato firmado entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y Enel para la formación de LaGeo. Este contrato dejó abierta la posibilidad de que Enel continuara invirtiendo en la geotérmica y ganando participación accionaria, y no ponía restricción a que se convirtiera en accionista mayoritario.

A juicio de Castro, sí se deben investigar las condiciones en las que se dio este contrato y su legalidad es algo que también debe hacerse en las instancias correspondientes.

Otra investigación que debe hacerse, afirmó, es la del traspaso de las acciones que CEL tenía en LaGeo a favor de su subsidiaria Inversiones Energéticas S. A. (INE).