Artículo
126
de la Constitución de la República luego de ser reformado: “Para ser elegido diputado se requiere ser postulado por un partido político o coalición legalmente inscritos y en el orden de precedencia que el partido establezca”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió ayer una demanda de amparo contra la oficial de información pública de la Asamblea Legislativa por haber catalogado como confidencial los acuerdos legislativos para la compra de obras de arte, obsequios navideños, bebidas alcohólicas y la información del origen de los fondos.

La demanda contra la oficial de información de la Asamblea, Cecilia Menjívar, fue presentada por Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE).

La sala admitió ese recurso de amparo para revisar si Menjívar vulneró los derechos de acceso a la información pública y de petición, estipulados en los artículos 6 y 18 de la Constitución.

La sala le ordena a la Asamblea Legislativa que remita a la CSJ una copia de la información que había solicitado el demandante con el fin de resguardar esos datos mientras dura el proceso.

Los magistrados aclararon que, aunque ya se encuentra integrado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), admitieron la demanda debido a que esta fue presentada antes de la conformación del instituto.

La oficial de información cuenta con 24 horas para justificar ante la sala si son ciertos los actos que le atribuye el demandante.

Contra reforma

La Sala de lo Constitucional también admitió ayer una demanda contra una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa en julio de 2010. La sala revisará si fue legal la reforma al artículo 126 de la Constitución, que obliga a los candidatos a diputados a inscribirse a un partido político para competir en las elecciones legislativas.

Esa reforma fue aprobada una noche antes de que la Sala de lo Constitucional notificara el fallo con el cual habilitó las candidaturas no partidarias.

La Asamblea cuenta con 10 días para defender la constitucionalidad de dicha reforma.

Tanto la demanda por la falta de acceso a la información, como la interpuesta contra la reforma constitucional, fueron firmadas por los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco.